Victor G. Ricardo | El Nuevo Siglo
Miércoles, 8 de Junio de 2016

Consecuencias por  incumplimientos

 

LOS colombianos y la comunidad internacional hemos observado las movilizaciones campesinas en los distintos sitios del territorio nacional con gran preocupación, pues el paro agrario que se lleva a cabo es consecuencia del reclamo por los incumplimientos del Gobierno nacional a los pactos que hizo hace ya más de un año y esto mismo fue lo que sucedió en el caso de los transportadores y los cafeteros. No debe el Gobierno y sus representantes comprometerse con los manifestantes a levantar las movilizaciones a cambio de promesas que después no esté dispuesto a cumplir, pues además de crear un pésimo y complicado antecedente es un acto de inmensa irresponsabilidad.

 

Es necesario hacer estas reflexiones porque el incumplimiento a lo pactado en este caso en el escenario agrario puede sentar un precedente para el futuro y mermar la credibilidad del Gobierno y sus interlocutores en lo que viene siendo la bandera del programa político del Presidente Santos, los acuerdos de paz. Por ello, el que por ejemplo se difunda la creencia sobre que las obligaciones a las que se ha llegado con la guerrilla de las Farc en el marco del proceso de paz de La Habana y que tienen consecuencias no solo políticas sino económicas, puedan ser susceptibles de incumplimiento supone consecuencias graves para la paz y para el conjunto de relaciones y acuerdos a nivel macroeconómico y geopolítico que se han alcanzado.

 

En este sentido me pregunto si existe la posibilidad de que el Gobierno informe a la opinión pública a cuánto ascienden económicamente esos compromisos y cómo se estima su financiación, no sólo por el Gobierno actual sino por los venideros, ya que su implementación requiere tiempo para su consolidación y este parece superar el término de mandato del Presidente Santos.

En consecuencia, esperemos que los pactos no se frustren por errores de cálculo o simplemente por lograr pactos y terminen, como alegan los campesinos con sus convenios, incumpliéndose, pues en ese hipotético escenario se acrecentaría el inconformismo social y a ojos de la comunidad internacional se nos catalogaría como incumplidos, lo que desencadenaría graves consecuencias para el país. Con esto no estoy diciendo que no sean necesarias las inversiones y los puntos acordados en materia de desarrollo rural, sino por el contrario que el país está en deuda con el agro y sus gentes, los gobiernos deben dedicar parte de su acción en acortar el abismo que en materia de desarrollo hay entre el campo y las ciudades, pero sin crear falsas expectativas. A veces es preferible decir no para hacer realista y posible una política social o económica que permita cumplir plazos viables según los cronogramas diseñados y no que la ambición deje ese mal sabor de boca que causa el incumplimiento.