El Plan B
 

Las Farc tienen un Plan A.  Consiste en lograr que el Gobierno les legalice las tierras, las minas y los cultivos de coca. Que les conceda impunidad absoluta para no pisar la cárcel. Y les deje intactos los derechos políticos para instalarse cómodamente en el poder. Poder real, para tomar decisiones como refundar las Fuerzas Militares o incorporar a Colombia en la Alianza Bolivariana.
Todo eso, negociando, ojalá desde ahora, un cese bilateral del fuego porque, paralizada, la Fuerza Pública no podrá impedir su proselitismo armado con el que afianzarán el control en los territorios sensibles donde se ya se han apropiado de la tierra, las minas y la coca.
Proselitismo armado que, como su nombre lo indica, implica no entregar las armas, ni renunciar a la violencia, ni disolverse como organización político-militar que opera en red a escala continental.
En conclusión, un impecable planeamiento estratégico que las llevaría a convertirse en un 'Estado dentro del Estado' y en transición acelerada hacia el Socialismo del Siglo XXI.
O sea, un verdadero ‘proyecto viral’ que, ya incrustado en el poder, bloquearía el aparato inmunológico del Estado y se propagaría aceleradamente hasta controlarlo por completo pero desde adentro y ya no desde afuera librando esa guerra prolongada que de lo mismo prolongada ha resultado estéril.
Pero también tienen un Plan B. Y lo tienen porque saben que su proyecto viral y la agenda paralela podrían estrellarse con una ciudadanía que no traga entero, es decir, víctimas, partidos políticos, movimientos populares y hasta el propio Gobierno que a pesar de anhelar un Acuerdo Final a toda costa, no podría hacerse el de la vista gorda ante la evidencia empírica.
Ese Plan B, esbozado por Timochenko el mismo 18 de octubre tras el primer round en Oslo, pasó relativamente inadvertido en los medios y se basa en lo mismo que el primero, esto es, en lograr cuanto antes un cese el fuego pero destinado a firmar un “tratado de regularización de la guerra”.
Tratado que sólo puede serlo, como es obvio, si se firma entre dos gobiernos (el central y el ‘revolucionario en el exilio’ ), que buscaría regularizar la “guerra civil” en Colombia y que, sumado al ya mencionado cese el fuego, paralizaría por completo a las Fuerzas Armadas definidas de antemano como crueles y desalmadas violadoras de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
En pocas palabras, la negociación que ahora se emprende no habrá pasado en vano. Y conservando intacta su identidad, estructura y condición, las Farc habrán obtenido en pocos meses una ventaja estratégica que jamás hubieran obtenido por fuera de la mesa.