Así lo calificó el presidente Duque y eso es lo que es: CRIMINAL, con todas sus letras y en mayúsculas. ¿Cómo no va a ser criminal aglomerarse en las calles en plena pandemia y sin medidas de protección? ¿Cómo no va a ser criminal vandalizar el transporte público, destruir los CAIS, tumbar los semáforos, asaltar cajeros automáticos, atacar ambulancias y hospitales? ¿Cómo no va a ser criminal apuñalear y asesinar a un policía en Soacha? ¿Cómo no va a ser criminal lanzar bombas incendiarias contra la policía en Pasto? Estos vándalos criminales deben ser judicializados y enviados a la cárcel. Pero he aquí que una juez de garantías liberó a más de diez detenidos in fraganti por supuestas fallas de redacción en la orden que dictó otro juez de garantías. Esto también debe ser investigado y sancionado.

Sorprende ver los videos de policías acorralados contra las paredes, protegiéndose con escudos plásticos, mientras que los criminales los atacan con ladrillo y palos. ¿Hay acaso una orden que les impida defenderse?  O, ¿es el miedo a que si lo hacen sean acusados más tarde de brutalidad policiaca, como sucedió en un caso en el que una bala de goma mató accidentalmente a uno que tiraba piedra?

 No tengo duda de que los vándalos han sido educados por la Fecode, por maestros educados a su vez en la Universidad “piedragógica”, donde aprenden a fabricar “papas bomba” y a tirar piedra. Pero no a leer. Si hubieran leído el proyecto de reforma tributaria habrían visto que más del cuarenta por ciento de los recursos estaban destinados a la población vulnerable, incluyendo la matrícula universitaria gratuita para los estudiantes de estratos 1 a 3. Pero los sindicatos y la Fecode incitaron al paro, aún a pesar de que se les advirtió que no lo podían hacer (“a mí no me pueden impedir protestar” dijo el presidente de una central obrera), violando la ley a sabiendas. Y la violación de la ley debe tener sanciones. Hay, pues, que investigar a los autores intelectuales de la violencia, que no pueden ampararse en el derecho a la protesta que existe, pero no puede ir contra la ley, los derechos de los demás, la salud o el orden públicos.

Ahora bien, ciertos jefecillos políticos como Petro y Benedetti y los parlamentarios que salieron a marchar y no se sabe si también a vandalizar, se amparan en la inmunidad parlamentaria, aunque ésta solamente protege lo que digan y hagan en el recinto del congreso, pero deben responderle públicamente al país. Benedetti logró que la Comisión primera del Senado suspendiera la sesión en honor al paro.

Petro anunció, desde el día mismo que perdió las elecciones, que el gobierno se las vería con él en las calles. Y ha cumplido.

Se sabe que los vándalos no solamente están coordinados y sus acciones planeadas de antemano, sino financiados. ¿Por quién? Habrá que investigar, pero no tengo dudas de que por ahí anda la mano de Maduro y el castro-chavismo.

Ahora sale un parlamentario armando una “minga indígena”.  "No se descartan vías de hecho en el departamento si Iván Duque no retira la reforma tributaria”, amenazó el senador indígena Feliciano Valencia. ¿Será que, de verdad, los indígenas se perjudican?

El gobierno ha cometido muchos errores, ciertamente y la reforma es inoportuna. Pero lo que hizo fue presentar un proyecto para la discusión en el Congreso. Entidad que fue inventada exactamente para eso: para discutir, aprobar o rechazar proyectos de ley. Algo que Gaviria, Vargas Lleras y otros jefes políticos que aspiran a manejar el país no entienden.