VENTAJAS INACEPTABLES
La Comisión de la Verdad suscita numerosas inquietudes sobre sus propósitos, alcances e integración.
La primera es que ella refleja una igualdad entre el Estado y la guerrilla, jurídica, política y militarmente inexistente. La delegación del Gobierno representa un Estado democrático, legítimo en sus instituciones, que está en la negociación para alcanzar, previa desmovilización y desarme de la subversión, la reinserción de las Farc a la vida política e institucional del país, mediante la satisfacción de la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y garantías de no repetición. A la Habana, llega una guerrilla debilitada en sus fuerzas y limitada en sus operaciones. El mecanismo de integración de la comisión ha debido consultar esta situación y no darle ventajas a las Farc, innecesarias, pero también inaceptables para los colombianos.
La segunda es que se tergiverse la verdad sobre el origen del conflicto. Las Farc no son consecuencia de un orden social injusto, como lo pregonan los intelectuales petrificados en las interpretaciones del marxismo, sino creación de la Guerra Fría, que contó con el acompañamiento del partido comunista colombiano y el apoyo del régimen castrista y de la potencia soviética. Fue Jacobo Arenas el organizador del aparato político militar de la Farc y el capacitador ideológico de sus cuadros, incluyendo a sus dos últimos comandantes en jefe y a los que se encuentran hoy en La Habana.
La tercera es que la verdad que resulte de los trabajos de la Comisión será probablemente mentirosa porque obedece a un relato predeterminado que hace responsable del conflicto al Estado, a sus gobernantes y a la sociedad. Ello resultó evidente en la mayoría de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto, que serán “insumo básico” de las investigaciones y conclusiones de la Comisión de la Verdad. Así, todos somos responsables, de tal manera que nadie termine siéndolo. Es la consagración de la impunidad y la revictimización de las víctimas.
Por último, al acordar que la Comisión hace parte de un sistema integral que se acordará en la Mesa, se pretende evadir el Marco Jurídico para la Paz, las competencias del Congreso y el control constitucional y, con ello, los límites a la impunidad contenidos en fallo de la Corte Constitucional. La Mesa de La Habana será entonces soberana en todo lo que respecta a la verdad, justicia, reparación y no repetición, porque, como dice el comunicado conjunto, este acuerdo “no puede entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido”.