Modernizar la Rama Judicial y ponerla al día frente a las necesidades actuales de los ciudadanos no ha sido tarea fácil y se constituye en una promesa incumplida por los gobiernos de turno. La misma Rama Judicial está de acuerdo con hacer cambios en la Administración de Justicia, pero esas iniciativas fracasan porque los textos presentados ante el Congreso, muchos de ellos tramitados y aprobados, no complacen las expectativas de todos.

Una es la reforma que quiere el Ejecutivo, otra la del Legislativo, otras las exigencias de la Rama Judicial, los órganos de control, los abogados litigantes, la academia; todos quieren tener parte en el diseño de un nuevo aparato judicial.

En el intento de recoger la mayoría de las propuestas posibles y lograr un consenso, el actual gobierno puso sobre la mesa de conversaciones con los magistrados de las altas cortes, los temas que incluiría en el proyecto de reforma que fue presentado la semana pasada ante el Congreso de la República. No han comenzado los debates y ya se escucharon las voces de protesta a la iniciativa, lo que permite prever que las discusiones en el Capitolio no serán pacíficas.

Lo cierto es que la justicia urge de renovaciones porque la Rama Judicial es uno de los pilares fundamentales en una democracia, que hace que el Estado de Derecho funcione, y si esa columna está resquebrajada, como sucede en la actualidad, el Estado flaquea. La credibilidad de los colombianos en la Administración de Justicia es casi nula, a pesar de los esfuerzos y el trabajo dedicado de la gran mayoría de los jueces por cumplir a cabalidad con sus funciones, de lo cual soy testigo.

Por eso se requiere de una reingeniería que tal como fue planteada en los tres ejes temáticos del proyecto recientemente radicado, busque seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, eficacia y calidad.

En ese propósito por dar mayor transparencia a las actuaciones de los jueces, es positivo cortar de tajo las facultades electorales de las cortes. Suficiente trabajo tienen los magistrados con resolver los conflictos puestos a su consideración para distraerlos con funciones que mezclan actividades políticas. Tampoco deberían elegir al Fiscal General de la Nación, potestad que conservarán con algunas modificaciones como que el periodo del fiscal será institucional y la Corte Suprema de Justicia tendrá un término máximo de un mes para la elección.

También es de buen recibo que se hagan bloqueos institucionales a quienes ocupen cargos de magistrados de cortes, órganos de control o las entidades encargadas del gobierno y administración de la Rama Judicial, para que una vez terminen sus periodos, no pasen de una corporación a otra.

Para bridar mayor seguridad jurídica, reclamada por abogados e inversionistas extranjeros entre otros, es importante la unificación de la jurisprudencia de las altas cortes, fortaleciendo el precedente judicial. Capítulo aparte merecerán los cambios que se pretenden en la acción de tutela y la administración de la Rama, que según propone el gobierno será ejercida por la Dirección General que estará compuesta por un Consejo Directivo y un gerente, desapareciendo el Consejo Superior de la Judicatura.

Muchas son las reformas planteadas desde 1992, un año después de la vigencia de la Constitución Política, que naufragaron antes de ver la luz, pero ante la crisis de la Administración de Justicia, este es el momento histórico para consolidar una Rama Judicial que atienda las necesidades actuales.

Considero que el proyecto dejó por fuera muchos temas que se requieren para un mejor funcionamiento del servicio de justicia, pero ellos podrían ser abordados en otras iniciativas incluso a través de una Ley Estatutaria, sin recurrir a reformas constitucionales.