Respetables juristas, académicos y elementos pensantes se encuentran atribulados por cuenta de la creación del Tribunal de Paz que se pactó en los acuerdos de La Habana entre el Gobierno nacional y las Farc. Dicho Tribunal tendría unos poderes sin antecedentes en la historia republicana nacional y que ni siquiera en tiempos del Imperio Español con la Inquisición tuvimos en estas tierras. Justifican la creación del mismo con la finalidad de juzgar a cuantos hayan ejercido violencia en el conflicto colombiano.

Cuentan que el izquierdista  español Enrique Santiago, es su impulsor y que coincide con la izquierda italiana que en su doctrina establece que más importante que tomarse los medios de producción es copar el sistema judicial, los medios culturales y de comunicación. Por la sutil capacidad dialéctica y persuasiva  del español y la inteligencia con  sus pares colombianos designados por el gobierno de Juan Manuel Santos para dar forma al Tribunal, se crea lo que algunos denominan lo que amenaza convertirse en un  Frankenstein judicial.  

Según nos informan los más enterados sobre el trasfondo de los acuerdos de paz, también habrá una suerte de comisarios que harán parte de JEP,  de las llamadas salas de Reconocimiento, donde se establecerán los casos que dan lugar a la amnistía o la revisión, lo que dependería de que la persona acepte o niegue su participación en los hechos violentos que tuvieron lugar durante el conflicto armado.

El rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, es uno de los más entusiastas defensores de ese novedoso procedimiento especial. Él comparte con sus pares la forma como se debe operar en el país para instaurar la paz y la justicia en casos tan complejos.

 Sabios magistrados colombianos con los que hemos comentado el delicado asunto se encuentran perplejos al conocer los poderes casi sin límites  que tendría ese Tribunal, que estaría amparado por la legislación ad hoc de La Habana, que, según Santiago, debe consagrarse  junto con los otros temas acordados en el bloque de constitucionalidad.

Los mejor informados que han estado al habla, como Sergio Jaramillo, sostienen que dicho Tribunal arrancaría con los casos de unos 1.300 empresarios que han sido señalados por las Farc .Mas esas “listas negras” van a crecer y multiplicarse al ritmo de las denuncias y negociaciones. Se presume que rodarán cabezas y se teme que terminen pagando justos por pecadores. Esa es la consecuencia de crear un Frankestein judicial estalinista que solo manejado por ángeles  sería imparcial.