Se cumplen diez años desde que Colombia manifestó su interés de adherirse a la OCDE, conocida popularmente como el “club de los países ricos”. En su momento, 23 comités de la organización analizaron los retos y recomendaciones de ajuste en materia regulatoria que debía afrontar el país para avanzar hacia lograr ser parte de los hoy 37 miembros de este selecto organismo.

En el proceso se encontraron, en solo temas ambientales, más de 254 recomendaciones, de las cuales 20 estaban directamente enfocadas en químicos. Si bien se ha avanzado en el cumplimiento de la mayoría de dichos requisitos, queda aún un camino por recorrer para hacer realmente efectivos los compromisos adquiridos. 

Por ejemplo, hoy en día ya el país cuenta con los marcos generales normativos para la puesta en marcha del programa de gestión del riesgo de sustancias químicas de uso industrial, para la adopción del programa de prevención de accidentes mayores y la implementación del registro de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC). Sin embargo, quedan aún varios pendientes. 

Debemos centrarnos entonces en consolidar el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial como una fuente de análisis de las sustancias que se comercializan en el país para posteriormente trabajar en la reglamentación de la priorización de las sustancias de interés. 

En ese mismo sentido, se debe concretar el desarrollo de los 11 instrumentos de gestión normativa para la adopción del Programa de Prevención de Accidentes Mayores en Colombia. Lo mismo sucede con el RETC. 

Esto nos tomará, al menos, entre cinco y siete años. Será un esfuerzo que nos garantizará contar con una regulación basada en exigentes estándares internacionales, lo que nos ha llevado a ser referentes en América Latina en cuanto al manejo seguro de las sustancias químicas.

La industria química está comprometida con esta meta de país y ha liderado la creación de una reglamentación eficiente que permita que Colombia avance en las mejores prácticas de la OCDE, para lo que es fundamental la articulación público-privada. 

Como país, debemos seguir trabajando para establecer los marcos regulatorios que nos permitan ser cada vez más competitivos. Desde la industria química, que impacta directamente a más de 50 sectores económicos; representa el 6,9% de la producción nacional; y genera más de 3.500 empleos, invitamos al nuevo Gobierno Nacional a seguir construyendo esquemas armonizados de la mano del sector privado para lograr todas las metas que nos hemos planteado. 

*Directora Ejecutiva del Comité de la Industria Química de la ANDI.