Decir, como lo afirmó el Presidente Santos la semana que termina, que algunas de las propuestas presentadas por sectores que votaron a favor del No son inviables, es una equivocación formal y conceptual, además de un inmenso error político.

Esa alocución del Jefe del Estado sorprendió e indignó a muchos  toda vez que acusar a quienes  formularon las dichas propuestas, señalándolos de ser sectores que sostienen que no se puede aplicar el derecho internacional humanitario ni la justicia transicional, es ajeno a la verdad.

Será inviable, se pregunta el autor de estas líneas que se defina y limite, hacia delante y hacia atrás, la competencia temporal del tribunal para la paz.

¿Será inviable definir conceptos que pueden tener relevancia penal, ya que su indefinición es una fuente de inseguridad jurídica para los ciudadanos?

¿Será inviable que se pida la concreción del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados que integrarían el tribunal para la paz?

¿Será inviable que se reclame la concreción del régimen sancionatorio de los mencionados magistrados?

¿Será inviable que se pida que el tribunal para la paz no pueda hacer calificaciones jurídicas propias, distintas a las de otras autoridades judiciales, administrativas y fiscales?

¿Será inviable pedir que no se afecten los principios fundamentales que existen para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos?

¿Será inviable pedir que haya sanciones efectivas para los principales responsables de los más graves delitos?

¿Será inviable plantear que la elegibilidad política de los mismos tenga lugar después de que cumplan con las penas adecuadas?

Podrían hacerse muchas más preguntas en el mismo sentido.

Pero, lo importante en este momento es hacer un llamado a la cordura.

Suponer que quienes votaron a favor del No desconocen que el Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra hace parte del orden jurídico interno es una ligereza, para decirlo en términos muy benévolos.

Y señalar, con una especie de dedo político acusador, a quienes defendieron la idea de darle el mandato al Presidente de buscar un acuerdo mejor, dizque de sostener que no pueden aplicarse medidas de justicia transicional, es hacer caso omiso, deliberadamente, de la naturaleza de las propuestas que se han hecho.

Qué error el que cometió el doctor Santos.

Además, porque la alocución de marras tuvo lugar al día siguiente de que Centro Democrático insistió en el acuerdo nacional para la paz y manifestó su disposición de apoyar, si ese acuerdo se logra, el proceso de implementación y desligar éste proceso de la campaña presidencial que se avecina.

En lugar de hacer referencia a esos serios planteamientos, entre otros, prefirió responder con dos piedras en la mano.

Así no se une al país, y ese es el deber del Presidente de Colombia,  así no se logra un acuerdo incluyente, y ese fue el mandato que recibió, así no se consigue el histórico acuerdo nacional para la paz, y ese es el anhelo de la inmensa mayoría de los colombianos.

De otro lado, preocupa mucho la base conceptual de lo que dijo aquella noche infortunada.

Si a estas alturas ese es el piso teórico, apague y vámonos.

Qué bueno sería repasar públicamente el contenido del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949 en materia del ámbito de aplicación personal y material, privación de la libertad y diligencias penales, por ejemplo, para que quede claro que aquello de la inviabilidad de algunas propuestas ni siquiera es realismo mágico legal.

Es un error, una inmensa equivocación, y una calificación política hecha por quien no debe hacerla.

En primer lugar, porque no es cierto, y en segundo lugar, debido a que quien habló es el Presidente de los colombianos.