Los aterradores sucesos de las últimas semanas en Estados Unidos en los que 19 niños y dos profesoras murieron en una escuela primaria de Uvalde, Texas, por el uso de dos armas de asalto compradas para el efecto por un joven de 18 años, y también de diez afroamericanos en un supermercado en Buffalo a manos de un joven “defensor” de la supremacía blanca, que había sido evaluado sicológicamente por un incidente previo, lo que no le impidió adquirir un fusil R15 y cargadores de alta capacidad, a lo que se suman los tiroteos mortales más recientes en Iowa, Wisconsin y Filadelfia, han puesto nuevamente en evidencia la incomprensible paradoja de que en Estados Unidos resulte mucho más difícil comprar una simple hormona para la tiroides, que un arma de última tecnología capaz de aniquilar decenas de personas.
Jurídicamente, buena parte de la explicación se encuentra en el alcance dado en el último tiempo a la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, según la cual: “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se podrá restringir el derecho que tiene el pueblo a poseer y portar armas”.
En 1875, la Corte Suprema en el asunto Estados Unidos contra Cruikshank dictaminó que la Segunda Enmienda impide al Congreso negar el derecho individual a portar armas, aunque estimó que aquella no prohibía que los Estados de la Unión limitaran el derecho a poseer y portar armas. Posteriormente el Congreso aprobó́ en 1934 la Ley Nacional de Armas de Fuego, mediante la cual creó un impuesto especial que además de hacer más onerosa su compra, permitiría llevar un mejor control de quién y dónde se adquirían armas. Norma que fue avalada por la Corte en (caso Estados Unidos contra Miller), al señalar que el derecho a poseer y portar armas debía limitarse a la milicia, y que no podía extenderse a propósitos individuales.
Ese entendimiento en términos generales se mantuvo hasta la decisión Distrito de Columbia contra Heller del 26 de junio de 2008, en la que la Corte Suprema debió resolver entre dos posturas claramente opuestas: el Distrito entendía que la Segunda Enmienda solo protege el derecho de poseer y portar armas en relación con la milicia, es decir, con la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses sean llamados a servir a su país en caso de conflicto y que debían portar sus propias armas. Por su parte, Heller argumentó que la Segunda Enmienda ampara el derecho individual a poseer armas independientemente del servicio en una milicia, y que aquellas pueden utilizarse por motivos legales como es la autodefensa en el hogar. Aunque la Corte Suprema reconoció su preocupación por los problemas causados por la violencia con esos elementos, rechazó las pretensiones del Distrito de Columbia.
A ello se suma que, en la línea de la referida decisión, la Corte resolvió en la sentencia McDonald contra Chicago que “las disposiciones del Bill of Rights que protegen un derecho que es fundamental desde una perspectiva americana son de aplicación tanto frente al Gobierno Federal como frente a los Estados”.
Para muchos empero, en su sentido original, esta enmienda se refería explícitamente a la defensa del Estado por parte de una comunidad armada y regulada. Se trata de poder llevar a cabo una especie de llamado en caso de invasión del territorio, en la lógica antigua de armas comunales que se ponían en el centro de la plaza a la que se acudía solo al grito de alarma - ¡a las armas! - ante una amenaza percibida por los vigías.
Recuperar el significado original del texto, a saber, el derecho a tomar las armas solo contra una amenaza de invasión o golpe de Estado, es actualmente la lucha liderada por algunos juristas para tener una legislación mucho más restrictiva en los Estados Unidos. Propósito casi utópico en las actuales circunstancias, en las que los esfuerzos se concentran en lograr por lo menos consenso en el Congreso para expedir leyes que impongan a nivel nacional requisitos y limitantes razonables a la compra de determinado tipo de armas como las que segaron la vida de los niños en Uvalde.
@wzcsg