En los últimos días, diversos hechos de mucha gravedad han salido a la luz pública como consecuencia de la muerte de Jorge Enrique Pizano y de su hijo, que en paz descansen. La causal de esta cadena de noticias ha sido las declaraciones que dio el doctor Pizano a Noticias UNO, justo antes de su muerte, mediante las cuales había dejado grabaciones como constancia de su actuación cuando tenía la responsabilidad de vigilar el contrato de la ruta del Sol en su calidad de controller, obra que ejecutaba un consorcio compuesto por Odebrecht y Corficolombiana, institución de propiedad del grupo Aval.
Las grabaciones fueron generadas a partir del temor que tenía Pizano por su vida. En ellas, aunque todavía no se conocen en su totalidad, aparecen las conversaciones que tuvo con quien en esa época actuaba como abogado y asesor externo del grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal General de la Nación. Pizano pone en conocimiento de Martínez las anomalías que detectó en el desarrollo de ese contrato y los giros sospechosos que se venían dando, que presumían correspondían a contribuciones ilegales a terceros para que se pusieran en conocimiento de las directivas del grupo Aval.
Mediante un lenguaje bastante informal, a través de términos y comentarios, el doctor Martínez se muestra muy sorprendido por la información puesta en su conocimiento, e incluso califica dichas presuntas actuaciones como actos ilegales calificándolos como distintas violaciones a la Ley y se compromete a ponerlas en conocimiento de los responsables de Corficolombiana y el grupo Aval.
Así las cosas, el escándalo en que se ha visto involucrada la firma Odebrecht empieza a tomar un nuevo giro de responsabilidades y sobre todo de elementos de investigación que son necesarios realizar sobre los nuevos hechos en que se dejan constancia en dichas grabaciones, sobre uno de los hechos de corrupción más grande que se han presentado en los últimos años en el país y que es necesario que los colombianos conozcan los resultados de las investigaciones desarrolladas para que se develen sus responsables y reciban el castigo que la justicia debe imponer.
Como el actual Fiscal se había declarado impedido para asumir esta investigación, por haber conocido y actuado en los procesos del contrato al que hemos hecho mención, fijó la responsabilidad en cabeza de la Vicefiscal General de la Nación, la doctora María Paulina Riveros, quien ha venido al frente de la misma. Ahora bien, como el Vicefiscal es un cargo de libre nombramiento y remoción del Fiscal General y, como es lógico, depende directamente de él, sería conveniente que la Corte Suprema de Justicia procediera a pedirle el Presidente de la República que envíe una terna del más alto nivel que garantice que la investigación se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias y garantizando la neutralidad que la misma exija que se designe un Fiscal Ad-hoc, que continúe el proceso en marcha.
Colombia necesita demostrarle al mundo que la impunidad debe ser derrotada, que los principios de la ética y la moral se deben imponer ante todas las circunstancias que se presenten y que la recuperación de la dignidad de la justicia se garantice para el bien de la institucionalidad y el Estado de Derecho.