IRREGULARIDADES

El Fiscal

Las irregularidades del Fiscal General de la Nación han quedado en evidencia, sus abusos, el derroche del presupuesto, la feria de cargos y contratos que reparte a dedo para pagar y comprar favores, sin rendirle cuentas a nadie, es una actitud inaceptable, más en un funcionario que se supone debe perseguir y combatir todo lo que Montealegre representa. No solo es cuestionado por haber sido asesor del protagonista del mayor robo a la salud de los colombianos: Saludcoop y del que se robó las regalías del Casanare: Fidupetrol, sino por haber repartido puestos a familiares de magistrados que lo nombraron Fiscal, como lo denuncié en días pasados.

El modus operandi de Montealegre es traficar puestos y contratos con todo aquel que le sirve o le puede servir, y perseguir sin escrúpulos a quien le sea adverso. Así como pagó el favor de su nombramiento con puestos, pagó la ampliación de su período con millonarios contratos a consejeros de Estado que decidieron que éste era personal y no institucional. Los contratos con el cuestionado e inhabilitado Baltasar Garzón por más de 1.000 millones de pesos; con Natalia Springer y su firma por más de 4.000 millones de pesos, una periodista que utilizaba sus columnas y su programa radial para promocionar a Montealegre, son apenas una muestra de ello.

Ahora que la corrupción en la administración Montealegre sale a la luz pública, vemos cómo el fiscal carece de controles. Con la repartición de puestos a familiares de magistrados cooptó a sus jueces y pagó a sus electores; con la designación del secretario de la Comisión de Acusación de la Cámara, Juan Pablo Duque, pretende controlar el reparto, la investigación y el archivo de las investigaciones en su contra; con la demanda a la reforma al equilibrio de poderes busca impedir que le impongan controles y amenaza a los congresistas con sus investigaciones y montajes. Tampoco la Procuraduría ni la Contraloría lo pueden sancionar, Montealegre viola la ley a su antojo y hasta el Gobierno guarda silencio porque, a ratos, lo usan de policía política contra la oposición.

Cuando la Contraloría de Morelli lo quiso investigar por presuntas irregularidades, no solo le abrió investigación, interpuso una tutela alegando que ésta no tenía facultades para hacerlo, y los dos magistrados que le dieron la razón a través de un cuestionable fallo, resultaron favorecidos con puestos para sus hermanos en la Fiscalía General (magistrados Malo Fernández y Salazar Otero de la Corte Suprema).

Ante esta situación solo queda el control ciudadano de los medios de comunicación, aunque también compran y amedrentan periodistas. El Estado colombiano está diseñado para garantizar impunidad a los altos funcionarios, como diría Álvaro Gómez, estamos ante la cooptación del Estado por parte de una mafia de funcionarios y contratistas.

Le aviso al Director del CTI de la Fiscalía que me puede hacer todo el matoneo judicial que quiera, pero yo seguiré denunciando.

 @shoyos