La serie de acontecimientos recientes, que muestran la presunta comisión de actos de corrupción al más alto nivel, son una nueva campanada de alerta sobre el debilitamiento progresivo de las instituciones en Colombia.

Infortunadamente para la nación, dichos hechos son muchos, además de constantes. E involucran a todos los poderes, sin excepción.

El número de miembros o exintegrantes de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, cuya conducta está en entredicho, sigue en aumento.

De la misma manera, crece la ira de la ciudadanía y aumenta la incredulidad en todo lo que huela a público o político. En esa forma se erosionan las bases que le dan estabilidad a la nación.

Este espacio se ha dedicado, repetidas veces, a advertir los riesgos, desafíos y peligros que enfrenta nuestro país, a raíz de los constantes escándalos de corrupción, y de la brecha, cada vez mayor, entre la oferta política y los precarios niveles de satisfacción de las expectativas de la ciudadanía.

Lo más grave, sin embargo, es que, en muchos círculos, se sigue acudiendo a la peligrosa teoría de que aquí pasa todo y no pasa nada.

Así se tratan los asuntos de Colombia en algunos espacios acostumbrados al poder, que terminan siendo ejemplos indeseables de pretensión y soberbia.

Si se sigue actuando en esa forma, el resultado de semejante irresponsabilidad será el caos.

Las preocupantes características del momento que atraviesa la patria obligan a tomar decisiones corajudas.

Infortunadamente, la operación de alta cirugía que toca practicarle al paciente ya no puede hacerse en lo que resta del actual Gobierno. Entre otras cosas, porque buena parte del mal proviene del tratamiento equivocado que ha formulado la administración Santos a muchas dolencias nacionales.

Devolver a los colombianos la esperanza en mejores instituciones, y fe en su actuación, será tarea del próximo Presidente de la República. Y semejante objetivo no se alcanzará apenas poniéndole pañitos de agua fría al enfermo para calmar la fiebre.

¡No!

La tarea será heterogénea y compleja, pero resulta indispensable. Es más, inaplazable.

Cuando se inicie el nuevo período presidencial, 7 de Agosto de 2018, una de las primeras decisiones deberá ser integrar la comisión de ajuste, de gran nivel, que tenga como responsabilidad elaborar las bases de una propuesta de reconstrucción institucional.

¡Así de claro!

Si no se da ese paso se estaría aceptando que el país continúe avanzando a pasos acelerados hacia el abismo.

Podrá decirse que todo lo anterior es una exageración. Quien lo diga o sugiera está equivocado. No hay punto de nuestra geografía en el que no se exprese, por parte de los ciudadanos, un gran malestar.

El peor escenario sería creer que las píldoras que curaban viejas dolencias, podrán curar, también, las nuevas.

Las enfermedades contemporáneas son más resistentes a las medicinas tradicionales. Por esa razón, el tratamiento debe ser más focalizado y apropiado.

Con las fórmulas del pasado será imposible atacar exitosamente los virus que atentan contra la salud de la sociedad en el siglo XXI.

Se ha llegado a tales extremos de descomposición, que solamente con audacia, capacidad de ensayar, e inmensa convocatoria popular podrá pavimentarse una vía verdaderamente nueva.

Eso es lo que reclaman millones de ciudadanos indignados, y con razón.

Las elecciones de 2018 se han transformado, por la fuerza de las circunstancias, en un nuevo punto de partida. Pero, no para realizar transformaciones cosméticas ni para maquillar las realidades. Lo que hay que hacer es resolverse a dar pasos firmes, largos y decididos hacia el futuro.

Como esto ya no resiste más, tengamos presente que la alternativa es: reinstitucionalización o caos.

¡Con todo lo que eso significa!