Desde la perspectiva liberal y anárquica es entendible que no se quiera regular el derecho fundamental a la manifestación pacífica y social que ordenó el Constituyente en el artículo 37 de la carta de 1991. Para ellos el mercado, con sus fuerzas invisibles y su inocultable desdén por el rol del Estado en la sociedad, lo puede todo y, por lo mismo, no hay necesidad de regulación ninguna.
Por su parte, tanto comunistas y socialistas como socialdemócratas aspiran a todo lo contrario: regularlo todo, en detalle y sin reparo, hasta alcanzar a asfixiar las libertades individuales.
Nos quedan los conservadores, quienes enseñan la célebre consigna según la cual “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Sobre esa doctrinaria premisa se presentó un proyecto de ley estatutaria que pretende proteger el sagrado derecho democrático a la manifestación social a través de una adecuada regulación.
En efecto, se parte del indiscutible hecho que son los vándalos, los violentos los que ponen y han puesto en peligro tan fundamental derecho. Es a ellos a quienes hay que perseguir, con medidas pedagógicas y no punitivas, con medidas indemnizatorias y no sancionatorias y con eficacia meridiana para proteger, custodiar y promover la manifestación social y pacífica como lo ordena nuestra Constitución.
Ninguna mente sensata y sensible puede dejar de pensar en los indiscutibles logros que ha alcanzado la manifestación en la historia de la humanidad, especialmente en la historia política. Se trata de un efectivo coto al poder y de una especie de conciencia genuina de unas gentes que levantan la voz, inclusive, incomodando al prójimo, para relievar importantes reivindicaciones. Eso debemos protegerlo a como dé lugar. De lo contrario, participaremos, cómplicemente, de una tendencia totalitaria del ejercicio del poder político.
Por eso hace bien la Corporación Pensamiento Siglo XXI y su proyecto Visión Colombia 2022 en prestar calificadas mentes para que el partido conservador, a través del senador Juan Diego Gómez, cumpla con su misión vital, cual es, defender la vida digna de las personas.
Aspiremos a que la histórica deuda con el constituyente, que ha arrojado estériles discusiones e impedido adecuados debates de control político por ausencia de legislación al respecto, sea pagada con creces por un congreso que hasta la fecha ha sido indolente y que le ha dado la espalda recurrentemente a la “savia de la democracia”, desprotegiendo la manifestación social y pacífica.
*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.
@rpombocajiao