Uno de los elementos principales que nos ofrece el proyecto de reforma a la justicia que acaba de presentar el gobierno nacional al Congreso de la República es que desiste de la propuesta de unificación de las cortes que se había agitado en la campaña electoral. Me parece que el proyecto de reforma contempla iniciativas sobre las cuales se ha venido construyendo consenso en el país para remover de los episodios recientes que han mancillado la administración de justicia desde de la cúpula judicial.

Hay necesidad de eliminar las facultades de las cortes para elegir al auditor, el registrador, y de postular candidato a la procurador; afortunadamente, ya se había avanzado con la de nominar candidato a la Contraloría. Y aunque sigue eligiendo al fiscal general, tendrá un plazo perentorio para hacerlo; de lo contrario lo haría el presidente de la República. Nos parece una medida sana que busca evitar interinidades en ese cuerpo de investigación del Estado.

Por otra parte, eleva a 20 años la experiencia profesional que se propone para acceder a las cortes, cuando hace muy poco tiempo se aumentó de 10 a 15 años. Ello es presumir que uno de los problemas de la justicia descansa ahí. La verdad es que los magistrados de la nueva generación,  precedidos de maestrías y doctorados de las universidades del exterior, son los que han dinamizado la jurisprudencia nacional poniéndola  a tono con las nuevas corrientes del pensamiento jurídico. También se proponen 5 años de experiencia en la rama judicial para quienes aspiren a la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Creemos que resulta más enriquecedor para la jurisprudencia que los magistrados provengan del ejercicio profesional, de la academia y la rama, como lo prevé el régimen vigente; esa combinación de experiencia ha resultado provechosa.

De otro lado, la propuesta de que las tutelas se tramiten ante la respectiva jurisdicción, dependiendo de su naturaleza, para que las decidan los jueces de la especialidad en el derecho que se invoca, sería lo deseable; pero, debemos admitir que no hay suficientes jueces en los distritos judiciales. Entonces puede terminar congestionando a algunos como los de la jurisdicción laboral y administrativa, en el caso de las tutelas en salud y pensiones.

Se propone un estricto régimen de inhabilidades para los magistrados con el fin de que sus parientes próximos no puedan ser designados en las entidades cuyos titulares fueron postulados por las cortes. Ello sería apropiado si no se les eliminan las facultades electorales de las cortes, pero si se eliminan esa inhabilidad desaparece. La prohibición de ejercer en la propia jurisdicción y por cuatro años, hay que flexibilizarla, porque un exmagistrado tiene derecho a vivir de su profesión.

También resulta razonable que las cortes no anuncien el sentido de los fallos hasta que estén listas las sentencias por las dificultades que ha generado. El debate apenas comienza.

En la próxima columna nos ocuparemos del alcance del proyecto de ley que busca modificar la Ley 5ª de 1992 o Reglamento del Congreso.