La oposición venezolana midió mal sus fuerzas o, más bien, la voluntad de Maduro y su cuadrilla de mantenerse en el poder a cualquier precio y estos últimos prevalecieron. Los opositores renunciaron a seguir siendo masacrados impunemente, mientras que el régimen no cedió ante el clamor de la condena internacional, en particular la de varios países americanos individualmente y de la OEA, que han demostrado no tener mayor influencia sobre un gobierno ya acostumbrado a que se le condene y que se considera satisfecho con el apoyo de Evo Morales, Daniel Ortega y varios caribeños. La única forma de presión internacional sería mediante sanciones contundentes, cosa que ya comenzó a aplicar Washington. Es claro que el retiro de la visa para viajar a los Estados Unidos no va a incidir mucho en la conducta de un miembro de gobierno de Maduro y ninguno de ellos va a tener el fruto de sus defraudaciones depositado en un banco en los Estados Unidos. El dilema es que suprimirle la compra del petróleo daría a Maduro el argumento, que ya tuvo Cuba, de que la mala situación de su país se debe a las maquinaciones de Washington.

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El problema de salud que afronta la mayoría de los colombianos es de una gravedad inmensa. Solo podemos imaginar la cantidad de personas que mueren porque muchas de las EPS no los atienden a tiempo o no les suministran las medicinas cuando deberían. Muchos sufren sin que sus padecimientos se conozcan, sin que sepan siquiera que es una acción de tutela. Es inaudito que se haya vuelto práctica común que para que se dé a una persona el debido tratamiento deba instaurar una acción judicial, cuando la entidad prestadora de salud sabe de antemano que el paciente obtendrá fallo favorable, pero que así gana tiempo y obtiene una ventaja financiera. Si un paciente muere por una demora de esta clase los responsables deberían ser acusados de homicidio por la Fiscalía.

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La presunción de inocencia es un principio esencial de la democracia. Toda persona acusada de un delito debe ser vencida en un juicio, donde se le compruebe su culpa y esta culpa no debe ser asignada por los medios o por los políticos u otras personas. A raíz de las graves acusaciones contra miembros de las altas cortes y congresistas, entre otros, que, si bien son indicio de gravísimos delitos que ponen en peligro las instituciones básicas de la república, no son razón suficiente para que en algunos medios, comentaristas supuestamente doctos en derecho, les condenen sin haberles dado oportunidad para defenderse con las garantías a las que la ley les da derecho. El linchamiento mediático no es justicia.