El caso de los expulsados venezolanos
Me disculpan los lectores que esperaban una continuación de mis “Apuntes sobre la Reforma”, pero se ha atravesado el caso de los jóvenes venezolanos expulsados de Colombia y entregados al régimen dictatorial de Maduro, el pájaro de “Chávez nuestro”.
Colombia fungió durante muchos años como campeón del asilo y los casos de Haya de la Torre, de los aviadores venezolanos que intentaron derrocar a Pérez Jiménez y de Pedro Carmona, acusado de dirigir un golpe de estado contra Chávez, son emblemáticos pero historia antigua. En 2005 Colombia negó asilo a otros militares golpistas y para justificar la negativa el presidente Uribe dijo que planeaban un “complot” contra Chávez. En ese entonces escribí tres artículos para una conocida revista jurídica que no fueron publicados porque ésta tenía intereses en Venezuela. Exactamente la misma razón por la que Colombia en 2005 con los militares y ahora, se niega a dar refugio a los estudiantes venezolanos. En el 2011 Santos entregó a su nuevo mejor amigo a Walid Makled, un mafioso que conocía todos los secretos de los narcos venezolanos, especialmente de los militares, vinculado con el Hezbollah y otros terroristas islámicos, a cambio de la promesa de Chávez de extraditar a los terroristas de las Farc y de pagar la deuda que Venezuela tenía con exportadores nacionales, nada de lo cual cumplió.
Yo he recomendado a eventuales solicitantes de asilo y a los colombianos que han tenido que irse al exterior ante procesos en Colombia que son típica persecución política (Luis Carlos Restrepo, Ma. Del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias y, ahora, Sandra Morelli) que soliciten “refugio” y no “asilo”, pues este es una figura política y es potestad del asilante concederlo o no. En 2005 el Gobierno colombiano lo negó a los militares venezolanos pero, y esto es muy importante, les dio tiempo para salir del país hacia otros destinos. El refugio, en cambio, es una institución humanitaria destinada a proteger a los que tienen que abandonar su país porque están en juego su vida o su libertad personal por razón de una persecución del gobierno de su nacionalidad. El Estado, aunque puede negarse a dar refugio, no puede devolverlos a su país de origen y tiene que protegerlos entre tanto.
Las cancillerías tienen la obligación de conocer la diferencia. Por eso resulta francamente aberrante que el Gobierno haya entregado a los estudiantes a los esbirros de Maduro, con el argumento de que “ponían en peligro” la seguridad de Colombia. ¡De golpe se fastidia el dictadorzuelo!
Con esa actitud Colombia violó la Convención sobre los Refugiados de 1951 que dice que “ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligren”, y si se alega “por razones fundadas, (que es) un peligro para la seguridad del país donde se encuentra” hay que darle tiempo para que busque a dónde ir. ¿Qué será de esos detenidos políticos?
La actitud colombiana ante Maduro es humillante.