Los colombianos hemos sido testigo de cómo la corrupción ha llegado a las más altas esferas del Estado. Antes creíamos inocentemente que al destaparse estos escándalos, los artífices, que tanto mal han hecho a nuestro país, se detendrían y que la justicia actuaría de forma rápida, eficaz y drástica para condenar a los corruptos, establecer las más graves consecuencias y asegurar la no repetición y el cese de este problema mediante mecanismos y políticas en contra de la corrupción. Creíamos que el Gobierno convocaría una alianza de todas las entidades responsables del tema y ejercería un liderazgo contra los corruptos.
Son muchos los casos que ha vivido nuestro país últimamente; entre ellos, tenemos el de la Dirección de Estupefacientes, el de Reficar, el de Odebrecht en el que quedaron vinculados líderes políticos y privados , figuras reconocidas en el mundo de los negocios, hasta expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, los militares con los fondos reservados o licitaciones para compra de equipos para los sistemas de aterrizaje de los aviones que resultaron ser de segunda además de ser para aviones que ni siquiera tenemos en nuestra Fuerza Aérea.
Ahora, aunque parecía imposible que la cosa se pusiera peor, se ha destapado la corrupción detrás del fondo para la paz. Parece ser que en la Presidencia, desde donde se han recibido donaciones de distintos países para apoyar el proceso de paz, se pedían comisiones a cambio de la asignación de partidas para la realización de obras en las zonas de conflicto. ¡Qué vergüenza!
En cualquier lugar del mundo este hecho hubiera sacudido lo más profundo de la administración. Aquí en nuestro país solo se le ha pedido la renuncia a quien era la directora del fondo de paz y con posterioridad se ha descubierto, gracias a grabaciones de autoridades americanas, que hasta un hombre cercano a las Farc estaba en esta cadena delincuencial.
La corrupción definitivamente ha alcanzado niveles inimaginables. Ya ha llegado al interior de la Presidencia de la República. Se ha descubierto también que para la repartición de estos recursos donados se exigieron comisiones hasta del 30%.
Tenemos que exigir que el Gobierno, las entidades fiscalizadoras y la justicia actúen sin vacilación y rápidamente, aplicando justicia por el bien de nuestra imagen y castigando sin piedad a los corruptos y responsables de estos escenarios tan lamentables.
¿Se imaginan qué pensará la comunidad internacional al ver que los recursos donados por ellos de los impuestos de sus nacionales para un fin tan legítimo como la paz haya terminado parte de ellos en los bolsillos de quienes les fueron confiados la responsabilidad de administrar ese fondo? ¿Cómo podemos pedir colaboración y ayuda a los países amigos cuando permitimos que sucedan estas cosas? Como es posible las consecuencias de estos actos se limiten a la desvinculación de los cargos, es increíble. Realmente no hay derecho a tanto descaro. La corrupción ha llegado a todas las instancias de nuestra sociedad y todo se queda en titulares de prensa. O elegimos personas que nos garanticen transparencia en el manejo de la administración pública o pronto estaremos puesto como ejemplo de país corrupto, donde ante tales escándalos los corruptos siguen su camino mientras la pobreza avanza y los bolsillos de estos delincuentes se llenan.