El rápido crecimiento urbano en Colombia presionado, entre otros factores, por el llamado periodo de la violencia, condujo a la mutación de las ciudades que se convirtieron en una matriz de transformación de campesinos -desplazados- en obreros o trabajadores por cuenta propia en distintos oficios. Por ello, en los años 70 del siglo XX el problema de la vivienda, los servicios públicos, las obras de urbanismo, el transporte y el empleo se constituyeron en puntos centrales de la convulsionada agenda social y política. De allí parte la respuesta de construcción de una ciudad en gran medida “sin planificación” y por construcción progresiva de la vivienda popular. Muchos de estos barrios -y otros- hoy consolidados son los que constituyen el escenario de nuevas dinámicas que presiona el mercado inmobiliario, amenazando la permanencia de sus residentes.
Dos décadas después llegarían las reformas introducidas por la ley 9 de reforma urbana de 1989, la Constitución Política de 1991 y posteriormente por la ley de desarrollo territorial 388 de 1997 para responder de manera concreta a la cuestión urbana con el propósito de dotar a las ciudades de herramientas para dinamizar su desarrollo, competitividad y mejorar sus condiciones ambientales, de calidad de vida y de participación ciudadana, entre otros. Dentro de tales medidas, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) surge como el instrumento para posibilitar el ordenamiento social y físico-espacial de las ciudades; y se constituye así en una carta de navegación cuyo trámite y aprobación en el siglo XXI se tornó -no sin fundadas razones- en campo de arduos de debates y controversias como es el caso de Bogotá.
Así es como la vivienda es uno de los elementos fundamentales del POT. Por ello, la importancia de que en las áreas destinadas a programas de renovación urbana, por los efectos de desplazamiento de sus moradores que puede acarrear, se propicie cabalmente la participación y formulación de alternativas para que no desmejoren sus condiciones de calidad de vida ni patrimoniales. En gran medida las falencias en este sentido son una de las razones por las cuales el trámite actual del Proyecto de Acuerdo de revisión del POT de Bogotá está prácticamente bloqueado, y sin tiempo para que el Concejo Distrital emita pronunciamiento alguno dentro del término legal. Así las cosas, queda la expectativa de si la alcaldesa mayor lo expediría por decreto o no.
Sin embargo, un grupo representativo de concejales de todos los partidos en consideración a que “se han suscitado situaciones que han impedido su correcto y fluido tramite” ha propuesto en una carta a la alcaldesa Claudia López un “acuerdo político” para que el POT se tramite el próximo año y así se logren resolver problemas de fondo y de forma, pero sobre todo que se mejore sustancialmente la concertación y participación ciudadana. En este sentido, la propuesta resulta razonable y necesaria como alternativa de solución. Y sobre todo de justicia con un tema vital en una ciudad popular como Bogotá, por la presión que lo propietarios de vivienda en eventuales zonas de renovación padecen y que no cuentan con instrumentos precisos de protección o de negociación en condiciones justas y equitativas.
@Fer_GuzmanR