La desigualdad es un problema estructural que afecta todas las dimensiones del bienestar social y la calidad de vida de las personas, a lo largo del tiempo. En América Latina y el Caribe es tan alta y persistente que desde hace varias décadas la región se caracteriza por ser una de las más desiguales del mundo; y Colombia como el segundo país más desigual en la región. En este sentido, en el reciente Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF (RED 2022) se aborda como un fenómeno inercial, de persistencia intergeneracional, donde las ventajas para un pequeño grupo tanto como las desigualdades para la mayoría, resultan siendo heredadas.
El coeficiente de Gini -mide desigualdad- muestra esta cruda realidad en las últimas décadas, a pesar del crecimiento económico. En Colombia, al adoptarse la Constitución Política de 1991 como nuevo pacto social, sobre la base del Estado Social de Derecho, el índice de Gini era de 51.3. Sin embargo, una década después, al comenzar el siglo XXI, en 2001, el índice fue de 57.5; en 2010 de 54.6 y en 2020 de 54.2. Así, con una mínima reducción durante los años 2016 (50.6); 2017 (49.7) y 2018 (50.4), los cuales, coinciden con la firma y comienzo del Acuerdo de Paz con las Farc, en tres décadas no ha podido reducirse el índice de Gini registrado desde 1991.
Además, la pandemia del covid-19, barrió con lo poco que se había conseguido en los últimos años, profundizando las desigualdades. En consecuencia, la desigualdad cuestiona al Estado, al modelo de desarrollo, a los gobiernos, a las políticas públicas y al papel de las elites, cuyas acciones en conjunto no logran reducirla y más bien aumenta. Igualmente, la legitimidad de la democracia se ve afectada por el descontento creciente de la gente que demandan respuestas. El estallido social, en muchos países de la región, es la más reciente y fuerte manifestación de dicho descontento social. El cual, algunos llaman la “bomba social”, alimentada por las desigualdades.
Sin embargo, desde el punto de vista político, las respuestas al problema difieren sustancialmente. Pero, hoy se requiere llegar a acuerdos para avanzar. Pues, mientras que para sectores de centro-derecha convendría comenzar con pocas reformas de aplicación gradual, priorizando el crecimiento económico; para sectores de centro-izquierda es necesario ir más allá, y realizar cambios encaminados hacia un pacto social que posibilite desconcentrar y redistribuya la riqueza equitativamente y, lograr la paz total.
Por ello, el debate en el Congreso de la República sobre las reformas a la salud, pensiones y laboral, entre otras, enfrentan una disyuntiva: por un lado, está la desactivación controlada de la bomba social, como plantean la oposición y algunos partidos de la coalición de gobierno con sus propuestas de contrarreforma. Algunas de dichas propuestas recientemente derrotadas en las urnas. Lo que podría resultar en avanzar un paso y retroceder dos, como ha sucedido en el pasado. Y de otro lado, está el lograr un pacto que permita avanzar dos pasos y no retroceder en lo alcanzado, como pretende el gobierno.
Finalmente, reducir considerablemente la desigualdad debe ser prioridad en la manera como se resuelva el debate. Y ello, demanda el compromiso de atender el mandato ciudadano y los retos del país frente a un mundo en recomposición.
@Fer_GuzmanR