La seguridad y la convivencia ciudadana están en la dimensión en donde se combinan las variables más sensibles del ejercicio de libertades y derechos. El grado de madurez democrática está íntimamente relacionado con la manera en que Estado y sociedad asumen y gestiona los conflictos, y no hay tema que desnude mejor esta realidad en las sociedades latinoamericanas que su relación con la institución policial y las fuerzas armadas.

En Colombia tenemos dificultades en asumir el conflicto social y nos cuesta reconocer que se da entre ciudadanos en distintas escalas y dimensiones. En consecuencia, predomina una visión maniquea que proyecta un permanente enfrentamiento entre fuerza pública y delincuentes, entre personas honorables y vándalos o entre amigos y enemigos. Por ello ha resultado más fácil y políticamente rentable criminalizar y reprimir, pero al hacerlo se renuncia a la responsabilidad civil de gestionarlo y se propicia el odio.

La violencia de la semana pasada en Bogotá mostró la gravedad del problema, no solo del abuso policial sino también sobre la forma como el poder civil debe asumir su conducción y control. La alcaldesa Claudia López planteó claramente la necesidad de reformas urgentes.

Además, la relación policía-alcaldes está mediada por la política y jerarquía del poder central con la lógica de cadena de mando en donde los alcaldes son el último y más débil eslabón, pero quienes enfrentan los problemas. Es inconcebible que desde el diseño institucional estos mandatarios territoriales asuman tal responsabilidad sin tener una real conducción ni control sobre la policía.

Como lo piden voces autorizadas es necesario desmilitarizar la institución policial y su actividad, así como adelantar reformas normativas y de calidad en la formación de los policías. Pero, el problema es más de fondo, las ciudades necesitan una institución policial que sea parte orgánica y funcional de la entidad territorial y comprometida con sus signos vitales y horizontes de desarrollo.

Es necesario avanzar hacia un modelo descentralizado en la respuesta a los nuevos desafíos de la seguridad y la convivencia en el marco de las dinámicas del crecimiento urbano y la gestión civil de sus conflictos. Y para ello debe investirse a los alcaldes de real autoridad para el ejercicio del poder y la función de policía.

El Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801/16) diferencia prevención de represión, y allí hay una gran oportunidad de reforma, pues en cada una de estos aspectos el uso de la fuerza es distinto, así como los procedimientos y los fines perseguidos. Y esto requiere especialización y diferenciación.

Por ello considero conveniente y propongo que en un principio las cinco ciudades con más de un millón de habitantes -30% población del país- tengan un cuerpo propio de policía civil bajo la dirección de sus alcaldes. Policía que contribuya de manera efectiva a la realización de los fines de la convivencia social y a atender el inmenso ámbito de la conflictividad urbana y vecinal tan demandante de respuestas. Y a su vez, la Policía Nacional, también civil, deberá seguir respondiendo por la persecución y represión tanto del delito como del crimen organizado.

@Fer_GuzmanR