Ahora que hemos regresado a los altos niveles de contagio de covid-19 del año pasado, que creíamos se habían superado, y lo mismo a las medidas restrictivas, como el pico y placa, el pico y cédula y el toque de queda, conviene reflexionar sobre la capacidad de ingreso de la ciudadanía para soportar la carga impositiva del Estado.

En lo que corresponde a Bogotá, y no sabemos como será su tratamiento  en el resto de las ciudades capitales del país donde existe la contribución por valorización, las  medidas deben contemplar un ajuste proporcional en todos los estratos. El argumento  de que los que más pueden deben subsidiar a los que menos tienen, debe mantenerse. Pero esos conceptos de equidad hoy día hay que relativizarlos, lo mismo que  la categoría de los estratos  para el cobro de tales contribuciones. En este momento hay gente de los estratos 5 y 6 de Bogotá que, por obra de la desaceleración del ritmo de la economía, ha visto afectado sus negocios, las limitaciones en el ejercicio de las profesiones liberales y el ritmo de la dinámica de la construcción, entre otras actividades, ha determinado que en la práctica es como si hubieran cambiado de estrato porque su nivel de ingreso varió.

En Bogotá soportar la valorización por beneficio general y por beneficio local, al mismo tiempo, es un concepto que debe revisarse en esta coyuntura porque, con el panorama descrito, resulta difícil asumirlo y, además, los inmuebles ubicados en los estratos mencionados no se están valorizando en condiciones normales.

La verdad es que, en términos de la realidad que se vive hoy, hay familias que prefieren cambiar de estrato para encontrar un alivio en esta obligación fiscal y en el pago de las tarifas de servicios públicos.

Del mismo modo, el Gobierno nacional debe  racionalizar y equilibrar la reforma tributaria que se nos avecina con la exclusión del IVA para los servicios públicos domiciliarios, si tenemos en cuenta su carácter de servicios públicos esenciales. Se debe poner a tributar a las pensiones  realmente más altas y revisar el monto del  impuesto sobre la renta.

El Gobierno, que está en la encrucijada de incrementar el recaudo tributario para intentar equilibrar las finanzas públicas, debe priorizar el recaudo necesario para garantizar la continuidad de programas sociales como el “ingreso solidario” y otros. En este momento tan complejo, se debe considerar la eliminación de exenciones para algunos sectores de la economía que no se han visto tan afectados con los efectos depredadores de la pandemia, mientras se supera la crisis.

Una reforma tributaria que agrave las condiciones en que se desenvuelve la clase media resultaría altamente inconveniente porque de ese sector social depende la recuperación de la dinámica de la economía. También se puede  contemplar la venta de activos y la disminución de los recursos para proyectos de infraestructura, así sea en forma temporal, porque lo primero que se debe garantizar son las condiciones para la subsistencia de las familias colombianas.