En el año 2007, mediante la ley 1151, el gobierno nacional creó la Unidad de Gestión de pensiones y parafiscales más conocida como la UGPP, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Si bien es cierto que el objetivo principal de esta entidad es controlar los aportes pensionales y de salud de los trabajadores, se ha convertido en una perseguidora indolente que imparte sanciones a diestra y siniestra, sin medir las consecuencias de aquellos sancionados que en muchos casos, mas allá de una evasión han caído en inexactitudes que pueden ser subsanables mas no sanciónales.
Esta entidad sin compasión hace una cacería de brujas imponiendo multas, realizando liquidaciones arbitrarias a toda aquella persona natural o jurídica que considere que tiene inconsistencias, que desde luego deben ser corregidas, pero no, el propósito es sacar plata de aquellos imponiendo severas sanciones y cobrando unos intereses usureros comparables con los gota a gota que esquilman a las personas.
Una inexactitud puede duplicársele hasta quintuplicarse a quien la cometa, es decir, si alguien debe corregir su error antes de los 3 años de prescripción, puede terminar pagando hasta cinco veces el valor de la inexactitud, algo totalmente perverso, deshonesto y miserable. Entonces una entidad de vigilancia y ayuda al contribuyente se ha convertido en el “chepito” de los empresarios, muchos de ellos han tenido que cerrar sus compañías o negocios por imposibilidad de pago de las correcciones, sanciones e intereses.
Un empresario ya mayor, en edad de no jubilación que no se realizó sus propios aportes pensionales por haber cumplido la edad de no aportar a pensión, por un año de no hacerlo y haber omitido el retiro del PILA, quien dejo de cotizar ese año unos diez millones de pesos, terminó pagando cincuenta millones, de los cuales mas de cuarenta son aplicables a sanciones e intereses. Es razonable que él corrija su error y lo repare, pero es injusto que termine pagando una usura estatal.
La UGPP está trayendo enormes problemas a empresarios que prefieren acabar sus negocios y dejar de crear empleo por factores impositivos, porque a decir verdad hacer empresa en Colombia es muy oneroso ya que el empresario debe asumir altísimos costos fiscales como el IVA 19%, retención en la fuente desde el 7 al 11%, el ICA, los parafiscales, los impuestos de rodamiento a su equipo automotor, seguros, los prediales si tienen finca raíz o el IVA a los arrendamientos y para rematar el 35% de la renta a sus utilidades si es que las logra.
Total que con un Estado alcabalero como este, con una corrupción rampante y una inestabilidad laboral, hacer empresa en este país es desalentador, por eso es que se llega a la informalidad como me lo dijo un empresario que acabó con su negocio formal, pero lo siguió en la informalidad, transito en muchos casos a la ilegalidad, pues a mayor carga impositiva, mayor es la elusión y la evasión, lo mismo la corrupción y la ilegalidad.