El bombardeo de las FF.MM a un campamento ubicado en zona selvática del sur del país de lo que técnicamente se llama una GAOR (Grupo Armado Organizado Residual) dentro del que se hallaba localizado un individuo de los que los reglamentos militares permiten identificar como un OMAVE (Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico) u OMINA (Objetivo Militar de Interés Nacional) terminó con un lamentable saldo de varios menores de edad muertos, lo que actualizó la vieja instrumentalización de los niños como arma política arrojadiza, en este caso contra las Fuerzas Armadas de la República.
La dolorosa circunstancia de haberse hallado restos humanos que el Instituto Nacional de Medicina Legal pudo identificar como de menores de edad y la queja del Personero Municipal de Puerto Rico (Caquetá) sobre la presencia de GAOR en la zona que estaban dedicados, entre otras actividades criminales, al reclutamiento forzoso de menores de edad, sumadas al silencio del Ministro de Defensa de la época sobre ese resultado de la operación, fueron insumos suficientes para el debate político que se armó y cerró con la dimisión del Ministro.
Más allá de ese debate, lo cierto es que esos menores de edad por los que hoy un extremo del espectro político le reclama a las Fuerzas Armadas y al Gobierno Nacional, son los mismos que hace no muchos meses eran usados por el otro extremo del espectro político para oponerse a los términos de un proceso de paz negociado con quienes habían incurrido, entre otras practicas criminales, en el reclutamiento forzado de menores de edad.
Armas políticas, es lo que siempre han sido los niños en este país, en el que las estadísticas de violaciones de sus derechos son altísimas, empezando por las que ocurren dentro de sus propias familias. Son moneda de uso político cuando se trata de imponer una visión particular sobre el aborto. E igualmente se usan cuando quieren imponer una política determinada en materia de consumo de drogas, toda medida draconiana en ese tema se adopta para “proteger a nuestros niños”. O cuando se quieren imponer medidas de política criminal tan drásticas como la de la cadena perpetua, que también se ha promocionado, como no, en nombre de los niños.
Claro que todos esos discursos se quedan en el papel, cada vez que se trata de adoptar medidas que de verdad los protejan. El uso de los niños, por ejemplo, para la mendicidad urbana es un fenómeno tan extendido que ya ni bienestar familiar se preocupa, o el robo descarado de los recursos de la alimentación escolar que ha pasado de casos aislados a epidemia nacional, sin que nadie se atreva a romper los vínculos evidentes entre esa forma de criminalidad y sus patrocinadores políticos.
Por supuesto la delincuencia siempre los ha usado. El narcotráfico inauguró esa terrible práctica de los niños sicarios (al Capitán Macana lo asesinó en 1986 un niño de ¡12 años!) y los siguen usando para diversas tareas.
El Estado hace lo que puede por proteger a los niños, pero mientras la sociedad en su conjunto no los considere intocables, nunca habrá Estado suficiente para lograrlo.
@Quinternatte