Comprometido a acabar politiquería en la salud

La crisis de la salud en el país es un hecho. Sin ser Casandra, afirmamos en la campaña del 2010 que de continuar el estado de cosas, era cuestión de tiempo el colapso del sistema y con él una verdadera hecatombe en la salud de los colombianos. Indiscutiblemente algunos actores políticos (lamentablemente no pocos en el Congreso Nacional y concretamente en las directivas de algunos de los partidos del Unidad Nacional) encontraron a través del tiempo importantes  grietas en la estructura del sistema hasta llevarlo al punto en que en la actualidad la corrupción, la indolencia en los recobros del Fosyga, el precio de los medicamentos, la mínima participación del sistema contributivo y la precariedad de buena parte del sistema hospitalario, constituyen un cáncer a punto de hacer metástasis en la salud de los colombianos.

La salud como establece la Constitución es un derecho de todo ciudadano y un deber del Estado. Colombia ha avanzado en cubrimiento más que otros países y economías desarrolladas, pero la politiquería, el populismo judicial  y las cuotas de poder, (cuando no de participación abierta en la facturación del sistema de salud), generan hoy serias dudas sobre su viabilidad a mediano plazo.

A las dificultades en materia de oportunidad, eficiencia, calidad, desestímulos al cuerpo médico para continuar especializándose y brindar la atención debida al paciente (pues la tiranía de las consultas con cronómetro se lo impiden); las propias normas se han prestado para que a través de la cesación y dilación del servicio, muchas EPS se hayan hecho a multimillonarios reembolsos del Fosyga obligando a los usuarios a recurrir a la tutela como única vía efectiva para la obtención de los medicamentos o realización de procedimientos y tratamientos necesarios.

Tal como lo planteó el exministro Jaime Arias hace ya 10 meses, para el sistema de salud es fundamental el aseguramiento, pues lo que está en juego no es el interés de las empresas prestadoras, ni el de los aseguradores, ni el de los médicos, ni la plata, sino la salud de 45 millones de colombianos. Por ello propuso una ley estatutaria.

Con la reglamentación de la Ley 1438, inexplicablemente dilatada, se aportarían  algunas importantes soluciones, en particular herramientas como el giro directo para eliminar la intermediación.

De otra parte se requiere de la ley estatutaria propuesta por el exministro conservador Jaime Arias para reglamentar el contenido esencial del derecho a la salud, tema también aplazado indefinidamente por desidia del Congreso y del Gobierno. Y la conformación de una Comisión de expertos de alto nivel como la sugirió Fernando Sánchez e impermeable a intereses partidistas o económicos para la formulación de propuestas estructurales que conjuren los males del sistema.

Las declaraciones del ministro Alejandro Gaviria se refieren a las diferencias entre los problemas coyunturales,  los estructurales y los de diseño y concepción del modelo de salud. Haciendo gala de su carácter pone además el dedo en la llaga y señala su compromiso de acabar con la corrupción y la politiquería en la salud. Tenemos confianza en que el Ministro acabará para siempre ese pacto diabólico en virtud del cual para tener “gobernabilidad” se le da a un senador (o senadora), para que ejerza con ánimo de señor y dueño  la salud en un departamento u otro; la Superintendencia del ramo ; la Secretaría de alguna ciudad o Distrito;  la Dirección de este o aquel hospital;  o bien se ha llegado al colmo del despiece de las áreas de atención de los  hospitales como denuncia el propio ministro Gaviria. *

*Con la colaboración de Felipe Ramírez