Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 17 de Agosto de 2015

 

“Actitud de inmunidad frente a la justicia”

RESPETO A LA LEY

Petrópolis

EL  legado del alcalde Petro es un voluminoso catalogo de errores, improvisaciones y caprichos que lograron sumir a la capital en el más calamitoso escenario de desgobierno y frustración ciudadana. A cada desacierto en materias de seguridad, movilidad, aseo, cultura ciudadana, planeación urbana, salud y otros tantos temas, ha respondido satanizando a sus críticos y politizando sus respuestas, con el propósito de esconder sus deficiencias y desvanecer el dolo con el que ha procedido. De esa manera consiguió enervar la revocatoria de su mandato y logró la suspensión de la sanción de destitución de la Procuraduría que le hubieran ahorrado a Bogotá padecimientos, como los escándalos del contrato de la línea 123 y del desastre ambiental de la Conejera.

No extraña entonces, que acuda al mismo expediente para enfrentar el pliego de cargos que le ha formulado la Procuraduría por el decreto mediante el cual adoptó la revisión del POT de la ciudad. Por su ególatra comportamiento desatiende las bien fundadas advertencias que se le hacen y procede con desprecio de las normas legales que le obligan. Evade el marco procesal que le corresponde y lleva la controversia, de naturaleza jurídica, a la plaza pública, buscando la impunidad de sus actos por medio de la emotiva ignorancia de sus entusiastas seguidores, en convite presumiblemente financiado con presupuesto del Distrito. 

El Alcalde incumplió, a sabiendas, las normas constitucionales y legales que regulan el uso del suelo, usurpando la competencia del Concejo e incurriendo con su conducta en ilicitud sustancial, constitutiva de falta disciplinaria calificada provisionalmente como grave. En ello, la Procuraduría coincide con el Consejo de Estado, el que, con iguales consideraciones, decretó la suspensión provisional del mencionado decreto.

La reacción de Petro y su corte no demoró y recurrieron al manido argumento de persecución política, cuando simplemente se trata del ejercicio de un deber legal del Procurador, fundado en documentada queja de un concejal y de Camacol.

Petro, con ello, replica esa inusual postura de muchos representantes de la izquierda que se pretenden inmunes a las investigaciones de la justicia, como ya se ha observado con algunos de sus conspicuos dirigentes y, más recientemente, con las personas imputadas por la Fiscalía por su presunta participación en actos terroristas en la capital.

Esa actitud de inmunidad frente a la justicia, por virtud de credo ideológico, refleja una soberbia sin causa, inadmisible en cualquier régimen democrático, en el que el respeto de los ciudadanos a la ley es el fundamento del régimen de derecho y la base de la convivencia social.