Responsabilidad ante la historia

 

La nueva derrota de Colombia en la Corte Internacional de Justicia revivió la preocupación y el desasosiego que ya se habían causado con la sentencia de noviembre de 2012, A falta de haber adelantado una política coherente, hoy los poderes del Estado se rasgan las vestiduras y se confunden en una eufórica actitud nacionalista que poco contribuye a enderezar el comprometido rumbo del proceso en la Haya. La sola decisión de no volver a comparecer en un proceso que continuará su trámite, responde a un sentimiento de cólera pasajera, en parte justificada por los desaciertos evidentes de la Corte, pero que carece de los elementos de una política que defina la estrategia, los medios y los fines con los que Colombia persigue la defensa de sus derechos. 

 

Por adherir a paradigmas legalistas, impropios del realismo y pragmatismo que deben orientar las relaciones internacionales del Estado, Colombia tardó en identificar las respuestas indispensables para afrontar los riesgos que se avizoraban por cuenta de las inquietantes decisiones de la Corte de la Haya. No de otra manera se explica la tardanza en retirar su adhesión a la jurisdicción de la Corte, sugerida desde finales del siglo pasado y varias veces reiterada por consejeros nacionales e internaciones, o la tardía denuncia del Pacto de Bogotá, que le confiere a esa Corte jurisdicción sobre litigios entre estados americanos, solamente por apego al nombre del mencionado acuerdo. Desatención elemental que hoy amenaza la soberanía y la integridad territorial del país. 

 

Hizo falta una política coherente que definiera con claridad los objetivos y los medios para alcanzarlos y determinara los argumentos jurídicos y las acciones políticas que sustentaran la defensa de nuestros intereses. No hubo continuidad en la argumentación jurídica,  sino inexplicable abandono de posturas como la de desechar la del carácter de limite del meridiano 82 y aceptar que la Corte trazara la nueva delimitación, o la de convalidar una demanda fundada en la Convención del Mar, que no le es aplicable, con la presentación de excepciones basadas en la incompetencia de la Corte, mucho más preocupada por extender su competencia a controversias sobre temas nuevos que por limitarla.

 

El Gobierno no puede reducir su respuesta a la no comparecencia que por sí sola constituye un instrumento desafortunado de defensa, porque además encarna una claudicación anticipada de los derechos de Colombia. Debe estructurar una política y tomar decisiones oportunas, a las que este Gobierno no es muy propenso. Esa es su responsabilidad ante la historia.