Salvaguardar la justicia
“Plazas Vegas actuó conforme a las órdenes”
La sentencia de casación por medio de la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto los fallos condenatorios de primera y segunda instancia en contra del coronel Alfonso Plazas Vega, pone fin al vía crucis de un inocente, víctima de la aplicación de la combinación de todas las formas de lucha, y devuelve al destacado oficial una libertad que nunca ha debido conculcársele.
En todo ese proceso contrastaron la perfidia y la saña contra el sindicado, que se tradujeron en la utilización de falsos testigos y en la violación reiterada del debido proceso, con la erguida actitud de un hombre de honor, quien solo reclamaba justicia para que se reconociera su inocencia. Lo que a todas luces constituye inalienable derecho fue, sin embargo, desconocido por la atención inexplicable a argumentos sin respaldo probatorio, pero fundados en la inusitada inversión de papeles que hicieron del coronel el victimario y de los asaltantes las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Eso mismo ocurrió con la mayoría de miembros de la Fuerza Pública que repelieron la mayor agresión que haya sufrido la institucionalidad de la democracia colombiana, ejecutada por la macabra alianza de subversivos y narcotraficantes, buscando, los primeros someter a juicio al Presidente de la República, y los segundos destruir los expedientes de sus procesos de extradición. En ellos recae la responsabilidad del holocausto y, si alguna ha sido atribuida al Estado por la acción indebida de algunos de sus agentes, no abarca ciertamente a quienes cumplieron con su deber con valentía y respeto de las normas que rigen el combate armado.
En el caso del coronel Plazas Vega, la Corte Suprema de Justicia reconoce que actuó de conformidad con las órdenes recibidas y con eficiencia en la ejecución de las mismas, que permitieron el rescate de más de doscientos cincuenta rehenes de las garras de los alucinados asaltantes.
Hoy, hay que estar alerta cuando se pretende en La Habana, por una parte, reescribir la verdad histórica del conflicto armado colombiano, justificando la rebelión contra un Estado democrático y convirtiendo al victimario en víctima y al Estado en el perpetrador de las atrocidades del conflicto, y, por la otra, crear una jurisdicción extraordinaria y suprema para determinar responsabilidades y revisar todos los casos penales y disciplinarios ya fallados, para conseguir que los victimarios se conviertan en jueces, y con fallos inapelables absuelvan a los suyos y condenen a sus adversarios y enemigos.