La verdad es que cuesta trabajo creer en la versión que después de 25 años del magnicidio, fueron las Farc las responsables del crimen de Álvaro Gómez. La muerte violenta de un líder como era Gómez Hurtado siempre tiene el propósito de provocar algo, como sucedió con su secuestro por parte del M-19, que era el de contribuir a la construcción del clima de opinión que permitió la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En la hipótesis de que fuere así la pregunta que surge es: ¿qué buscaban las Farc? No se ve claro.
Recordemos que en ese momento estábamos en plena crisis política por el proceso 8000, cuyo desenlace determinaba el accionar de las fuerzas políticas. Entonces, la muerte de Gómez en ese momento por las Farc no conducía absolutamente a nada. Ahora resulta que las Farc buscaban vengarse, 30 años después, de un adversario histórico que denunció en un debate en el Senado la existencia de unos territorios que concentraban focos insurreccionales a los que llamó “repúblicas independientes”; ello no parece muy convincente.
El hoy senador por las antiguas Farc, Carlos Antonio Lozada o Julián Gallo, sostiene que “el discurso de Gómez Hurtado fue el detonante que nos embarcó a todos en una guerra de cincuenta años con ciento de miles de muertos.” Esa afirmación parece una simplificación caricaturesca porque la decisión del gobierno de Guillermo León Valencia de adelantar una operación militar en esas zonas geográficas para reestablecer el orden público y recuperar la confianza de la población rural -según se dijo- de todas maneras la iba a tomar el gobierno, sostienen los expertos.
En esa época se estaba en plena guerra fría y Fidel Castro acababa de llegar al poder en Cuba. Se decía que en esos territorios había reductos de grupos armados cuyos integrantes venían de las guerrillas de los años cincuenta y varios de ellos se alcanzaron a amnistiar en los gobiernos de Rojas Pinilla y Alberto Lleras; grupos armados que terminaron agrupándose en el llamado Bloque Sur en 1964, para terminar fundando las Farc en 1966.
En entrevista con El Espectador, Lozada sostiene que cuando se votó la Constituyente “se lanzó la operación Casa Verde y se selló un pacto político excluyendo a un sector político en Colombia que estaba alzado en armas, nos estaban enviando el mensaje de que en ese pacto social no nos aceptaban como parte de la sociedad colombiana.” Ese es un argumento sofistico y sin fundamento real; Gómez nada tuvo que ver con la toma de Casa Verde, y de la Constituyente se excluyeron ellos mismos porque no quisieron participar en ese proceso bajo las reglas que se establecieron. Luego agrega que “la orden la dio el secretariado y la recibí de Jorge Briceño”, pero no explicó cuándo la recibió; dijo que se había dado desde la época de la fundación de las Farc.
Estos hechos deben investigarse con todo rigor y responsabilidad. Por ello Lozada y demás integrantes del antiguo secretariado de las Farc deben aportar suficientes elementos de prueba sobre la veracidad de sus afirmaciones.