Se oyen voces en el sentido de que una de las fórmulas que se podrían considerar para encontrarle una salida a la incertidumbre que se está viviendo como consecuencia del triunfo del No en la jornada plebiscitaria del pasado 2 de octubre, es la de remover la sujeción de la entrada en vigencia del acto jurídico para la paz, prevista en el artículo 5, a la refrendación popular.

El acto legislativo en comento, como es conocido, contempla los instrumentos jurídicos “para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.” Lo anterior, en el marco del trámite que se surte en la Corte Constitucional sobre alguna de las demandas presentadas ante el alto tribunal sobre el alcance del acto legislativo para la paz.

Una decisión de esas características a estas alturas, vale decir, después de realizada la votación, ofrece el inconveniente mayúsculo de que puede no ser aceptada por quienes votaron por el No, porque podrían sentir que se desconoció el resultado de las urnas. Un fallo de ese tenor termina de profundizar la polarización que divide al país y acaba con la posibilidad de construir el consenso a que se aspira para que el Acuerdo de Paz refleje el sentir de las diferentes expresiones de la sociedad.

Por tanto, la Corte, en su sabiduría e interpretando la complejidad de la actual coyuntura, debe ponderar las diferentes circunstancias y factores comprometidos en la búsqueda de alternativas y mecanismos adecuados que permitan el logro de la paz.

Hay que reconocer que este ya no es el momento para discutir el alcance jurídico que pudiera tener el acto legislativo para la paz. Cualquier vicio, de algún modo, quedó subsumido en las urnas.

Se debe perseverar en el empeño de encontrar caminos que permitan introducirle los ajustes y adecuaciones que se requieren para que el Acuerdo de Paz sea aceptado por la mayoría de los colombianos.

Por otra parte, creo que hay que bajarle el tono a las recriminaciones entre quienes votaron por el Sí y el No. Por ejemplo, el domingo pasado un respetado columnista sostenía que este era un “país de crédulos, no de creyentes”. Y que las “iglesias cristianas, comenzando por la católica, son activas en política casi exclusivamente para discriminar e imponer la intolerancia no para mitigar la injusticia, el dolor y la violencia.”  

Francamente no creo que ese sea el papel que esté jugando la iglesia Católica entre nosotros. Hubo muchos católicos que votaron por el Sí y muchos que votaron por el No, sin seguir recomendaciones de los jerarcas de la Iglesia, que, además, le pidieron a sus fieles votar en conciencia.

Tengo una concepción civilista y laica de las instituciones, pero debemos admitir que la iglesia Católica ha construido una doctrina en más de dos mil años que no está hecha para discriminar, ni pregonar la intolerancia. En materia de valores y de posiciones doctrinarias no se puede sino optar ¿No estamos esperando la visita del Papa?