Lorena Rubiano Fajardo | El Nuevo Siglo
Lunes, 30 de Marzo de 2015

LA CRISIS

Bisturí a la justicia

Epígrafe

“Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor”.

Francisco de Quevedo

 

Como  no hay mal que por bien no venga, el Estado debe aprovechar la infortunada coyuntura de la crisis en la justicia, para hacer una reforma a profundidad y no con paños de aguas tibias como lo anuncia el Gobierno.

La verdad es que la justicia en Colombia está colapsada, no solo por culpa de algunos funcionarios ímprobos, sino porque el Ejecutivo tampoco ha cumplido con sus obligaciones para con la rama. Crea nuevos sistemas como el penal acusatorio y no da los recursos necesarios para su implementación técnica y humana. Eso lo tiene totalmente colapsado y mientras tanto en la Fiscalía se gastan  la plata en aviones y en nombrar embajadores en el exterior y no  en  mejorar la remuneración de  los fiscales y nombrar más personal, porque tienen  retrasos de cerca de dos años, un millón y medio de procesos, muchos a punto de prescribir, y aplazamiento  de centenares de audiencias.

Diez años lleva el sistema sin que se haya complementado y peor aún con reformas cada año, que no obedecen a ninguna política criminal, que traen inseguridad y desconcierto. Y aun así, con este fracaso, quieren implantar el sistema en el contencioso administrativo, ensillando sin traer la burra.

No estoy de acuerdo en que un poder se entremeta en el otro, que lo manipule y meta entre el bolsillo, como quiere hacerlo el presidente Santos al proponer que el Congreso lo autorice a integrar el tribunal de aforados, tal como lo establece el proyecto de equilibrio de poderes que se tramita en el Legislativo.

Tampoco estoy de acuerdo en que las entidades públicas y privadas paguen exagerados honorarios a abogados, porque eso llevaría implícito un sobrecosto y la posibilidad de tener plata para otros menesteres. Esos conceptos por los que se pagan esas cifras no tienen nada de excepcionalidad y estudiantes de una universidad hasta los harían mejor; porque pagar dos mil millones a un abogado externo por revisar un contrato, cuando las entidades tiene oficina jurídica y abogados a su servicio, es por lo menos muy raro y sospechoso.

El primer paso para corregir las fallas, lo está dando la Corte Constitucional reformando su propio reglamento y debe acabarse definitivamente el nombramiento de familiares, amigos y amigas de los magistrados en las otras Cortes y en la Fiscalía, para que tengan completa y absoluta independencia.

Lorenarubianof@gmail.com