Estados Unidos y nuestra paz
Santos tiene razón en que el apoyo de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos, es indispensable para que un eventual acuerdo en Cuba sea exitoso. Un pacto objetado por la comunidad internacional carecería de legitimidad y sería rechazado por los colombianos. El nombramiento de Bernie Aronson, diplomático de carrera y versado en conflictos locales, es probablemente la condición de los Estados Unidos a los requerimientos del presidente Santos por su apoyo al proceso, designación que ha sido agradecida inclusive por las Farc, que esperan que Washington anule los pedidos de extradición y libere a (a) Simón Trinidad. La propaganda oficial ha querido implicar que este nombramiento es un respaldo a todo lo que se convenga en Cuba, lo que, obviamente, no es cierto.
Involucrar a los Estados Unidos, dice Santos, es condición necesaria… “sin el cual no se iría a ningún lado”. Pero no hay almuerzo gratis. Para otorgar esta aprobación “necesaria”, en concreto y no en declaraciones generales de que “respaldamos los esfuerzo de paz”, que ningún gobierno amigo puede rehusarse a dar, y para convencer a la justicia estadounidense de cancelar las múltiples solicitudes de extradición y de liberar a (a) Simón Trinidad, creando un precedente de trascendencia, hay que cumplir condiciones tales como el respeto a los principios democráticos y a las normas de la justicia internacional.
César Gaviria sostiene que “La paz… es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz”. En otras palabras, la comunidad internacional debería aceptar que los tratados internacionales pueden ser abrogados so pretexto de que “nuestra voluntad y deseo de paz” deben prevalecer sobre “las nuevas reglas internacionales”, lo mismo que la tesis del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Bustos, de que “Ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la construcción de la paz.”, que echa por la borda la Constitución y leyes del país y que uno creería emitidas por Iván Cepeda o Piedad Córdoba, y no por un magistrado de las más altas cortes del país.
El señor Aronson no será un mero observador del proceso como se ha dicho y las Farc no deben alegrarse mucho por su presencia, creemos que será un “interventor” del proceso, con derecho a veto. Es probable que Washington, discretamente, haya hecho conocer sus puntos de vista a nuestro gobierno y que la única forma de evitar un rechazo público estadounidense fue su participación disimulada en el proceso, de manera que los eventuales acuerdos hayan sido previamente aprobados por Washington. Los “sapos” que Santos estaría dispuesto a tragarse, son, indudablemente, más grandes que los que Obama aceptaría.