Gobierno y la paz

Hace bien el presidente Santos en buscar apoyos para sus iniciativas de paz con la guerrilla de las Farc, tanto dentro del país, como en el exterior. Este es un tema difícil y existe mucho resentimiento, odio, en los colombianos por los crímenes que esta guerrilla ha cometido a través de más de 50 años. La manifestación “Por la vida” organizada por Mockus es una manifestación para apoyo al Presidente que quedó desprestigiada al revelarse su financiación con fondos públicos, el exalcalde, fuera de negarlo, no ha explicado la proveniencia de su financiamiento. Lo que no debe hacer el Gobierno es tratar de convertir  en enemigos de la paz, fascistas (palabreja que fascina a la izquierda) y extremistas de derecha a quienes temen que el Presidente, en su afán de convertirse en el mandatario que logró que las Farc abandonaran las armas y sus medios violentos (minas antipersonal, secuestros, extorsiones, reclutamiento de menores, etc.), les haga concesiones que atenten contra el sistema democrático y la libre empresa, al mismo tiempo que conceda impunidad a sus cabecillas por crímenes de lesa humanidad. Y hay indicios graves en este sentido. Está, por ejemplo, el tema de la llamada conexidad de actividades criminales con los delitos políticos, en especial del delito de narcotráfico, lo mismo que una orquestada campaña para evitar que las normas penales internacionales se nos apliquen. El expresidente Gaviria manifiesta su “decidido apoyo al proceso” pero anota que este puede ser insuficiente al no incluir a todos los participantes en el conflicto como “los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación” y añade que debe haber una verdadera ley de “punto final” para evitar que posteriores gobiernos, como sucedió en el Cono Sur, no reabran procesos años después de terminado el conflicto. Hasta aquí bien. Pero luego Gaviria critica a quienes “traten de ver delitos de lesa humanidad en todos los crímenes de guerra… La paz que estamos buscando afanosamente los colombianos es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz”, es decir, adhiere a la campaña oficialista para eximir a Colombia de la aplicación del derecho penal internacional. Más preocupante, por ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia y decir que habla en su nombre, las declaraciones netamente políticas (los jueces deben manifestarse solo mediante sus sentencias y no deben prejuzgar) del magistrado Bustos: “Ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la construcción de la paz” y que “el narcotráfico es un delito conexo”. Los jueces al servicio del Gobierno.