En estos días hemos oído desde distintos sectores de opinión voces que reclaman una reforma estructural de la Policía por la muerte brutal de Javier Ordóñez y los excesos en el uso de la fuerza en las últimas manifestaciones y actos de protesta social. Los reclamos por reformar la institución policial casi siempre se presentan cuando se produce un escándalo de corrupción o un hecho censurable que impacte con mucha fuerza la opinión pública, como ha sucedido con las actuaciones recientes.

Según el investigador Pablo Casas, la reforma promovida por el Presidente Gaviria en 1993 la provocó la muerte violenta de una niña de tres años dentro de una estación de policía en Bogotá, y por acusaciones de infiltración del narcotráfico; era la época terrible de la lucha contra el cartel de Medellín. Lo propio sucedió 10 años después en 2003 cuando integrantes de la Policía fueron acusados de apropiarse de dos toneladas de cocaína que habían sido incautadas a narcotraficantes y al manejo poco trasparente que se le dio a ese episodio  por parte del bando policial.

El propósito de la reforma de 1993 (Ley 62 y Decreto 2203 de 1993) era el de lograr un mayor cercanía y un mayor control por parte de las autoridades civiles, nacionales y locales, vincular a la ciudadanía a la planeación y diseño de las políticas y programas, especializar la prestación del servicio, fortalecer los mecanismos de control disciplinario y auditoria interna, buscar un más alto grado de profesionalización de la carrera policial. Se creó la figura del Comisionado Nacional para Asuntos de Policía. Luego vino un proceso de contrarreforma que modificó las bases de lo que se había aprobado.

El diagnóstico sobre las deficiencias de la Policía de esa época  prácticamente es el mismo del que se habla hoy. La inquietud que surge es la de establecer si las medidas que se adoptaron en aquella oportunidad pudieron resolver las fallas que se detectaron para enderezar el rumbo de la institución policial. Creo que esa evaluación no se ha hecho y que lo que procede es que el mismo mando policial se haga un autoexamen en términos de las reformas que se le han introducido. Los exdirectores de la Policía y sus actuales mandos deberían adelantar ese proceso de evaluación para establecer que es lo que no está funcionando bien.   

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Cuando terminaba de escribir esta columna se conoció el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual tutela el derecho a la protesta social de los accionantes. Lo que no puede ser es que esta decisión le fije un marco regulatorio al Gobierno sobre la manera como debe garantizar el derecho a la protesta social. Los protocolos actuales deben ser objeto de un proceso de evaluación muy riguroso y responsable que permite establecer que es lo que no está funcionando bien. Por tanto, las medidas por adoptar no son del resorte de un fallo de tutela sino de un debate amplio que permita su regulación a través de una ley que expida el Congreso de la República.