La Constitución Política, nuestra norma de normas, estableció sabiamente la separación entre las tres ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial. Y, otorgó autonomía e independencia a otros órganos del Estado. Este principio de división y separación de poderes surge, afortunadamente, como un mecanismo institucional clave para evitar la arbitrariedad de los gobernantes y garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. 

Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha intentado, en varias ocasiones, sobrepasar las líneas rojas que delimitan sus atribuciones de las del Congreso de la República y del poder judicial. Por ejemplo, en su confrontación con el exfiscal Francisco Barbosa, hubo múltiples arremetidas que menoscabaron el respeto entre poderes independientes. En uno de esos episodios, desafortunados, Petro, afirmó: “El fiscal olvida una cosa: yo soy el jefe de Estado, y, por tanto, su superior”; Barbosa tuvo que recordarle que fue la Corte Suprema de Justicia la que lo eligió.

Otro suceso lamentable fue cuando un grupo numeroso de fanáticos, instigados por mensajes subliminales en las redes sociales de Petro, intentó ingresar por la fuerza al Palacio de Justicia para presionar a la Corte Suprema durante la elección del fiscal. Esta situación generó temores de un posible nuevo asalto violento a la principal sede de la justicia en el país. La Corte respondió con firmeza: “Es inaceptable que se intente coaccionar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad deben ser respetadas y promovidas tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector pretende presionar a la justicia de forma política, física o moral”. Un claro reclamo por el respeto a la separación de poderes. 

Y los ataques de Petro al Congreso han sido frecuentes e inquietantes, llevando al presidente del poder legislativo, el senador Iván Leonidas Name, a defender con carácter la institución. En una ocasión, Petro afirmó: “Entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes”; y Name respondió con firmeza: “Le solicito al presidente que nos respete... rechazamos estas acusaciones, aún más viniendo del presidente”. Y recientemente, Petro acusó a los senadores de la Comisión Séptima, que archivaron su reforma a la salud, de haber recibido financiación extranjera. La respuesta de Name fue contundente y ante la plenaria del Senado leyó una carta enviada a Petro, calificando sus afirmaciones de “injuriosas y calumniosas, las cuales atentan contra la dignidad de los senadores”. Y en señal de protesta, levantó la sesión, una decisión apoyada por la mayoría de sus colegas. 

Petro ignora, deliberadamente, que en la estructura del Estado, al Congreso le corresponde, además de reformar la Constitución y de hacer las leyes, realizar el control político al gobierno, mientras que el presidente de la República no tiene ninguna atribución sobre el Congreso. 

Las provocaciones constantes de Petro a las otras ramas del poder público han erosionado la confianza y el respeto hacia la institución presidencial, que debería simbolizar la unidad nacional. Desafortunadamente, su agresividad, terquedad ideológica y espíritu confrontacional han profundizado la polarización y creado un clima adverso para la separación y el entendimiento armonioso entre los poderes públicos. La firmeza con la cual el senador Iván Name defiende la división de poderes y, sobre todo, la dignidad de su corporación de origen popular, es esencial y valiosa para la salvaguarda de la democracia y sus instituciones.