La paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento sintetiza bien los cambios fundamentales que introdujo en nuestro ordenamiento la Constitución Política de 1991 (Art. 22). Y con ello, además de armonizarlo con los cambios operados en el contexto internacional de los derechos humanos, interpretó uno de los anhelos más sentidos por los colombianos tras sufrir por décadas los horrores de la violencia y el conflicto. 25 años después se firmaría en Cartagena el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las Farc.

Así, la ruta para la construcción de la paz, en lo que depende de la terminación del conflicto, está consignada en el contrato que es el Acuerdo Final. El cual, es ley para las partes y genera obligaciones. El pasado 26 de septiembre se cumplieron los primeros cinco de los 15 años previstos para su implementación, generando válidos debates y reflexiones sobre el grado de los avances y las dificultades.

Además, es de resaltar que el Acuerdo Final adoptó en el punto seis una serie de mecanismos para su implementación y verificación. Igualmente, que las partes acordaron tener un monitoreo independiente, el cual está en cabeza del Instituto Kroc que periódicamente presenta informes sobre el estado de implementación de las 578 disposiciones del Acuerdo. 

De otro lado, como lo muestra la experiencia colombiana, en la ejecución de los contratos no le son ajenas controversias e incumplimientos, por decir lo menos. Y el Acuerdo Final no ha sido la excepción, tanto que pareciera que la paz se ha convertido en una especie de litigio con distintos episodios que incluyen el forcejeo institucional, intentos de modificación del contrato, y una interminable discusión política que no cede en su pugnacidad.

Pero, más allá de esto, y resaltando las discusiones sobre todo lo relacionado con la verificación de la implementación durante el actual gobierno Duque, resulta pertinente recordar que el cumplimiento del Acuerdo Final supone un inmenso desafío democrático -paradójico en una débil democracia-. Pues, con el plazo fijado de 15 años explícitamente se reconoce con sensatez que la construcción de la paz dura más que el periodo de cualquier gobierno. Es de resaltar la confianza y buena fe que hay en ello. Pero, igualmente, supone el optar permanentemente por la vía y el fortalecimiento de la democracia.

En este sentido, para cada gobierno la paz es inacabada y debe honrar el compromiso del Estado, avanzando en la implementación. Además de hacer todo lo necesario para lograr la efectividad del derecho a la paz. Independientemente de ideologías y banderas. Pero, los riesgos de desfigurar o incumplir el Acuerdo Final subsisten.

Las campañas para la elección del próximo presidente en 2022 están en marcha y los temas derivados de los efectos de pandemia, la crisis económica y la inseguridad ocupan la agenda. Y sobre la implementación del Acuerdo Final no se puede pasar en tono bajo. ¿Qué dicen los candidatos y los partidos?

@Fer_GuzmanR