Las declaraciones del presidente Santos sobre el estado de las negociaciones con el Eln demuestran una vez más la ausencia de la más mínima voluntad de esa agrupación delincuencial de poner fin a sus criminales actividades. De ellas se desprende con claridad que las conversaciones han sido infructuosas y que ninguno de los más modestos objetivos del equipo de gobierno se ha alcanzado.
La reiteración de que el “diálogo es la mejor manera para lograr una solución pacífica de los conflictos que aquejan al país” es simplemente el reconocimiento de que no habrá cese al fuego y de que las acciones violentas de los elenos proseguirán hasta cuando se acepten las condiciones simoníacas que ellos exigen para un cese al fuego y se capitule sobre la forma y alcances de la mentada participación de la sociedad en el proceso. No pueden, Juan Manuel Santos y su equipo negociador, ignorar que esas son las mismas pretensiones que ha dado al traste con todos los esfuerzos de negociación de paz con el ELN en los últimos treinta años.
Santos y su equipo simulan desconocer que hoy el Eln se asemeja más a una bacrim que a una organización armada subversiva. Sus postulados y reivindicaciones se han visto sustituidos por su participación en el narcotráfico y sus objetivos militares apuntan principalmente al predominio de esa organización en la consecución de los réditos que dispensan la minería ilegal y el manejo de la cadena del narcotráfico. Ello explica las guerras territoriales que libran en contra del Clan del Golfo, de los Pelusos y de las disidencias de las Farc, y arroja claridad sobre el carácter de sus acciones ofensivas contra la fuerza pública, siempre orientadas hacia la protección de las fuentes, cultivos, rutas, socios, laboratorios y otros elementos de la actividad del narcotráfico. Del accionar subversivo conservan la protección del sátrapa Maduro, la asesoría cubana, la actividad terrorista de sus milicias, la complicidad de ciertos sectores de izquierda, que no se explicarían sin los beneficios que dispensa la cocaína.
El país no puede caer en la trampa de replicar un acuerdo como el negociado con la Farc que no trajo ni paz, ni verdad, ni justicia ni reparación, sino tan solo el exorbitante premio de curules para responsables de delitos de lesa humanidad. Lo que corresponde ahora es la recuperación del imperio de la ley, el fortalecimiento de las instituciones, la defensa de soberanía y la seguridad nacionales. Tarea de inmensas proporciones que no será posible sin la necesaria unidad para derrotar al narcotráfico en todas sus modalidades delictivas. Esa es tarea ineludible del nuevo gobierno que merece el apoyo y acompañamiento de los colombianos.