Se dice que el eje de a la campaña electoral, en la que estamos inmersos, es la lucha contra la corrupción. Por ello todos los aspirantes presidenciales se refieren a este fenómeno, pero de manera muy general, sin explicarnos cómo la enfrentarán, sin identificar sus causas y, menos aún, sin anunciar las medidas que adoptarían para combatir ese flagelo del que todo el mundo habla sin tener muy claro el camino.

En Colombia se han implementado diferentes medidas a lo largo de los años pero, a juzgar por los hechos, han resultado ineficientes o ineficaces para prevenir sus ramificaciones que han terminado por invadir la esfera de lo público y lo privado. Por ejemplo, se han cambiado los estatutos de contratación, se tipificó la medida del enriquecimiento ilícito, se han acogido recomendaciones para publicar los procesos de contratación, se modificó la facultad de nombrar a los jefes de control interno de las entidades del Estado, se adoptaron los pliegos tipo, entre otras. Todo ello es justo reconocerlo, pero hay que admitir que la corrupción ha aumentado sus tentáculos.

De acuerdo con ese panorama tenemos que hacer el esfuerzo de identificar las causas o las fuentes directas de la corrupción. Para nadie es un secreto que la financiación de los procesos electorales hasta antes de la elección popular de alcaldes y gobernadores era menos costosa de lo que es actualmente. Hemos dicho en esta columna que algunos de esos funcionarios en lugar de obrar como garantes neutrales de los certámenes electorales se han convertido, en diferentes casos, en los jefes de debate de aspirantes a las corporaciones de elección popular, es decir, son un actor político más.

También ocurre que muchos de los contratistas de hoy, que ayudan a financiar campañas, se convierten en los sucesores de alcaldes y gobernadores; todo ello para conformar un nudo gordiano difícil de desatar y que ha terminado por afectar la legitimidad del funcionamiento del sistema democrático que nos rige. Ahí hay una fuente de corrupción que es una realidad manifiesta y sobre la cual no hemos hecho nada para enderezar el rumbo. Por ello no se entiende como se prohibió la reelección presidencial sin incluir a los jefes de las entidades territoriales.

Por otro lado, se debe revisar la figura de la circunscripción nacional que ha aumentado considerablemente sus costos y que se adoptó para darle espacio a las minorías políticas en el juego democrático. O sea que ese instrumento tuvo un fin loable, desde luego, pero no tuvimos en cuenta la necesidad de taponar los mecanismos de financiación privada de tales procesos electorales en un país en el que hay poderosos intereses regionales que incluye el narcotráfico, la minería ilegal y las estructuras armadas ilegales.

Frente a esa realidad es un imperativo ético introducirle reformas al funcionamiento de nuestro régimen político y ese es un tema de nuestra agenda pública del cual deben ocuparse con amplitud los candidatos presidenciales.