Desde hace mucho opino que lo más importante del acuerdo de paz de La Habana es su buena implementación y que, al respecto, no hemos iniciado con el pie derecho ¿Cómo es posible que el Gobierno haya quedado en tener listos los campamentos transitorios y no haya cumplido? ¿Cómo es imaginable que los precios de algunos de los alimentos que se compran para abastecer a los guerrilleros en transición a la democracia, son tres y cuatro veces mayores que los precios que rigen en las regiones donde se encuentran? ¿Cómo propone ahora el Ministro del Interior presentar al Congreso una iniciativa para ampliar el periodo del denominado fast track, con la finalidad de seguir pasando leyes por esta vía rápida, que se justificó temporalmente pero que no puede convertirse ahora en la regla general? ¿Es que acaso no se tenía previsto qué hacer? 

Todos estos ejemplos, que seguramente llevarán a la ampliación del plazo para la entrega de armas, dejan mucho que desear y tienen al país desconcertado. Nos preguntamos qué va a pasar, entonces, con todos los pactos que tienen como consecuencia la inversión de grandes sumas de dinero en lo social, agrario y desarrollo integral, si en lo mínimo se incumple ¿Qué decir de las áreas del territorio nacional donde antes actuaban las Farc y que uno se hubiera imaginado que de inmediato el Estado hubiera copado esos territorios tanto con su presencia militar como social, pero resulta que están siendo ocupadas por otros grupos armados al margen de la ley? 

Creo que hay que hablar con la verdad si es que aspiramos a que en algún momento la paz sea una política de Estado, que para mí es lo fundamental, pues de lo contrario sería una política de este gobierno que puede estar sujeta a cambios en un próximo mandato que no comparta el actual proceso de paz. He aquí el punto trascendental, en el que no nos podemos equivocar por más apoyo internacional y de entidades multilaterales del que todos los días nos informan a través de los medios de comunicación. Afortunadamente el nuevo Vicepresidente de la República, dentro de sus funciones ejecutivas, asume entre otros el reto de liderar el posconflicto y es allí donde podría darle su mayor aporte al gobierno. Todos conocemos y nos sentimos orgullosos de las ejecutorias del vicepresidente Oscar Naranjo y por ello resulta esperanzador que pueda propiciar que la paz sea una política de Estado y no de este gobierno, velando entre otras cosas por el cumplimiento integral de lo acordado, por la presencia del Estado en las áreas antes ocupadas por la guerrilla y por la creación de un consenso nacional alrededor de la continuidad de la paz, propiciando un diálogo entre los distintos líderes de oposición y el Presidente. Si queremos un mejor mañana, ante la situación económica, política y social que estamos viviendo, el Gobierno tiene que lograr una efectiva implementación de la paz y acuerdos nacionales donde todos estemos representados.