“Hay que desenmascarar a infiltrados en protestas”

Esta frase la escuchaba de mis padres cuando querían destacar que los buenos modales y el respeto hacia los demás, en especial a las autoridades, eran valores primordiales para la vida en sociedad, pero pareciera que expresiones como esas están en desuso.

Me refiero a los actos vandálicos y criminales que se cometen al amparo de la protesta social. La protesta goza de todas las garantías para que se realice como expresión de un estado democrático, pero sin violencia.  

La democracia ofrece oportunidades para manifestaciones del que piense diferente, para el disentimiento, que quien sienta vulnerados sus derechos reclame públicamente, pero no es un pretexto para originar desórdenes y afectar la infraestructura de entidades, bancos y el comercio, mucho menos para agredir a la Fuerza Pública.

El día que se programan las marchas, al menos así ocurre en el centro de Bogotá, hay preparativos como si se estuvieran alistando para una guerra. El comercio cierra sus puertas al momento de las manifestaciones, los almacenes y bancos instalan barras de protección a puertas y ventanales porque estos serán objetivo de piedras y cuanto elemento haya para lanzar. En las fachadas de las edificaciones estatales e incluso en la Catedral Primada, son ubicados telares para evitar manchas con las balas de pintura, porque removerlas es oneroso y se paga con recursos públicos, los mismos que se reclaman para la educación.

Los más afectados son los sistemas de transporte, que sufren ataques vandálicos muy costosos para las ciudades, además de los miembros de la Policía, que en gran número son dispuestos para evitar desmanes y proteger a los ciudadanos.

Los comerciantes en su inmensa mayoría hacen parte de la clase media que trabaja con mucho esfuerzo y reparar los daños que dejan las protestas es una erogación que afecta su economía. De esa misma clase trabajadora son los policías, por eso son incomprensibles las agresiones de los manifestantes. 

Los actos en Bogotá por todos conocidos, donde prendieron fuego a un uniformado con una ‘papa bomba’, son desde todo punto de vista reprochables. La Policía está para protegernos, y a fe que así lo hace; no son aceptables hechos criminales contra policías y militares. Así como exigimos el uso adecuado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, reclamamos respeto para las autoridades. Ellos están cumpliendo una función constitucional y los ciudadanos estamos llamados a colaborar en esa misión de salvaguardar la seguridad. 

Aunque es insuficiente, por el déficit histórico que tiene la educación en Colombia, el presupuesto para el sector aumentó, en el 2019 contará con una inversión del orden de los $4.4 billones.

No se puede aceptar que estudiantes universitarios cometan actos de vandalismo. La academia está llamada a generar transformaciones que nos permitan construir sociedad, rescatar valores de civilidad y respeto, no a propiciar la violencia, de la que ya estamos cansados los colombianos. Si hay infiltrados en las protestas, deben ser desenmascararlos, labor conjunta entre las autoridades que adelantan las investigaciones y los ciudadanos que tienen el deber de denunciar a quienes están causando los disturbios.  

@WilsonRuizO