Una de las fórmulas generalizadas para definir la democracia, desde el punto de vista electoral, es la de “reglas ciertas, resultados inciertos”; con la cual se valoran las características de un sistema político como abierto, pluralistas, con garantías para la participación política y la posibilidad de alternancia en el poder del Estado, así como con independencia de los poderes públicos -incluido el poder electoral-, entre otras. En los países de América Latina y el Caribe fue -y sigue siendo- una de las reivindicaciones fundamentales en la transición democrática de los años 80 y 90 del siglo XX para dejar atrás las dictaduras y las democracias restringidas. Transición que se caracterizó justamente por la reforma de los sistemas políticos y electorales para garantizar la realización de elecciones libres.
Así, en Nicaragua, a las elecciones presidenciales de 1984 -primeras después de la dictadura Somoza- cuando llegó al poder el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con Daniel Ortega, elegido presidente, los observadores internacionales las calificaron como libres y ejemplo en la región. Además, la participación electoral fue del 80%. Mucho ha pasado desde entonces y el mundo ha cambiado. Los sandinistas perdieron las elecciones siguientes, y volvieron a la presidencia con Ortega de nuevo en 2007; quien comenzó a impulsar una serie de reformas constitucionales y legales para asegurarse la concentración del poder y su reelección indefinida.
En este sentido, la Ley Electoral ha sido reformada en varias oportunidades; las dos últimas para las elecciones presidenciales de 2021, cuando Ortega se reeligió sin adversarios, y en mayo de 2022 a través de la Ley No.1116 para los comicios municipales efectuados el pasado 5 de noviembre. Con esta última -reformó nueve artículos- se redujo sustancialmente el tiempo de duración de la campaña electoral, pasando de 75 a 30 días para las presidenciales y legislativas, y a 20 días para las municipales (Art. 74). Así mismo, redujo a 5 días la integración de los Consejos Electorales (Art.16). La CIDH consideró las reformas como la incorporación de “reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos... contrarias a los estándares internacionales.”
Nicaragua con cerca de 7 millones de habitantes -59% población urbana- tiene 153 municipios, de los cuales el FSLN gobernaba el 55% cuando Ortega volvió al poder en 2007; durante sus sucesivos gobiernos fue copando alcaldías hasta que en las elecciones del 5 de noviembre de 2022 alcanzó el 100%. Con una abstención del 82%, todo lo contrario a la participación electoral lograda en 1984. Este resultado, inverosímil en democracia, considerado con razón una farsa de competencia y fraude por observadores y opositores, es una oscura fotografía de lo que está pasando en Nicaragua con los opositores al régimen Ortega-Murillo en la cárcel o el exilio, el sistemático cierre de espacios de participación ciudadana o que padecen cooptación gubernamental. Así como las restricciones a la libertad de expresión y asociación.
El precepto “reglas ciertas, resultados inciertos” se quebrantó hace tiempo en Nicaragua; y la democracia local, expresión del municipalismo que tanto ha valido como soporte de la democracia en América Latina en las últimas décadas es otra de sus víctimas. Todos los autoritarismos ven en la democracia municipal un enemigo; defenderla es otro desafío de estos tiempos turbulentos.
@Fer_GuzmanR