TODOS los colombianos no hemos dejado de tener confianza en el ejercicio de la justicia, sin embargo no dejamos de pensar que su aplicación tiene que ver con las características de la falta o delito cometido y también lo que suele ser más importante para tener seguridad en la imparcialidad, es que la aplicación de las penas o correctivos tienen mucho que ver con las condiciones y características del acusado.  Si el acusado está en ira e intenso dolor en el momento en el cual cometió la falta, esta circunstancia pone a pensar a quien está en la obligación de aplicar la pena.

El país no ha estado enfrentado a juzgar o presenciar una investigación judicial de quién han ejercido la presidencia, ni a sus familiares para quienes, por lo menos, existe un estado de ánimo de quién ha estado enfrentado a un “catorce” de esa naturaleza.  Si se repasa el ejercicio de la justicia en frente a quienes han sido presidentes en la segunda mitad de este siglo, no existe conciencia que ninguno de ellos haya tenido que enfrentarse a un poder judicial en el ejercicio de su cargo, evento en el cual nuestra Constitución establece que está sometido a las prescripciones establecidas y que tienen que ver con el fuero reconocido y que se le da a un presidente. 

Investigando en nuestra memoria solamente  surge el juicio que se le siguió al General Rojas Pinilla una vez que dejó la presidencia; el Congreso lo juzgó en un proceso que atrajo la atención de los colombianos, fue detenido a bordo de uno de los buques de la Armada Nacional, luego fue juzgado y condenado; posteriormente le fue levantada la sanción lo que le permitió entre  ejercer su condición de ciudadano, creó su partido político y fue candidato a la presidencia en un debate que sus seguidores no han dejado de calificar de fraudulento, cuando era presidente del país Carlos Lleras Restrepo, un hombre transparente, serio y ecuánime.  De ahí que su denuncia, las de su partido jamás prosperó. Por lo menos desde 1930, ni antes durante este siglo pasado hubo presidente alguno que hubiera tenido que ser sujeto de las investigaciones de la justicia. Ni siquiera Ernesto Samper, presidente que fuera tan controvertido hubo de enfrentar a la justicia. Pero los tiempos cambian y nuestros expresidentes no han seguido el ejemplo de Alberto Lleras Camargo, quién en su condición de muy respetado expresidente, no quiso volver mezclarse o ejercer al ingrato oficio de la política.

Bien parece que nuestras leyes, por lo menos el ejercicio y utilización de las mismas, cuando se trata de ciertas personas como un expresidente, suelen ejercer derechos de una manera muy particular. De ahí que los ciudadanos cuando uno de ellos tiene que enfrentar a la justicia, y los jueces suelen ejercer su obligación sagrada de aplicar justicia, lo hacen sin que demerite el respeto que a ella tenemos, aunque no suceda cosa alguna.