En Colombia nos hemos estado matando desde la independencia. Apenas pasado el 20 de julio, ya estábamos en la primera guerra civil entre federalistas y centralistas. Así ha sido durante toda la historia hasta nuestros días. Esa cultura de muerte se plasma en los premios a los terroristas, en el homenaje a un criminal como Jojoy y en la imagen del Che Guevara entronizada en la Universidad Nacional.

Pero mi tema es la justicia. La Corte constituyente y legislativa instituyó en 2006 el aborto, aunque lo limitó a tres casos concretos. A esa corte se le confió la guarda de la Constitución en el artículo 241, un artículo que los magistrados no leen porque si lo hacen dejan de ser omnipotentes, Pero la Corte viola la Constitución a ciencia y paciencia: el artículo 11 dice que “el derecho a la vida es inviolable” y no lo respeta. La sentencia C-133/94 había dicho que “El Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo” y en la C-013/97 sobre el derecho a la vida del nasciturus que “se trata, sin duda, de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos, que prevalecen en el orden interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.” Pero en la sentencia C-355 de 2006 la Corte se saltó esos precedentes y ahora pretende decir que se puede abortar porque así se desea, basándose en un supuesto derecho fundamental de las mujeres que no aparece por parte alguna.

Algo similar sucede con la eutanasia. Somos uno de los ocho países del mundo -el único en América Latina- que la permiten con base en otro derecho fundamental que tampoco aparece por parte alguna: el derecho al suicidio asistido, que la Corte instauró en las sentencias C-239 de 1997, T-970 de 2014 y T-423 de 2017, pero que estaba limitado a los casos de enfermos terminales, y ahora se pretende ampliar hasta a una gripita. Es verdad que los enfermos terminales tienen derecho a que no se les mantenga con vida artificial y se les permita morir solamente con cuidados paliativos y que nadie puede impedir que la gente se suicide. Pero quien los mata comete un homicidio. Los médicos que lo hacen violan sus juramentos, como los magistrados que lo prohíjan violan el suyo.

Por eso en Colombia se mata para robar un celular. Por eso no debe sorprendernos que un juez le dé casa por cárcel al que roció con un disolvente y le prendió fuego a su mujer porque se negó a lavar la loza, mientras ella permanece en una UCI con quemaduras en el 75% de su cuerpo. O que se libere, porque en la captura le dieron una patada, al asesino de un subteniente de la policía que estaba en cumplimiento de su deber.

Con esta justicia vamos mal.

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Coda: “Pongan atención, ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos. Porque el Señor es quien les dio el poder; … él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto sus intenciones. Ustedes representan su poder real. Si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables … Porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto … El Amo universal no teme a nadie, y las dignidades humanas no le impresionan”, (Sabiduría, 6, 2-8).