“Cerca de 3.5 millones no pueden acceder a universidad”

Por un derecho humano

Al oído de Gina

La  estafa al país que han hecho los directivos de la Fundación Universitaria San Martín obliga al Gobierno a repensar los mecanismos existentes de acreditación de la educación superior. Hace 20 años fue creado el Consejo Nacional de Acreditación CESU compuesto por miembros de la comunidad académica. Hay que decirlo sin ambigüedades: la multiplicación de instituciones que ofrecen programas de pregrado y posgrado desborda las capacidades de un cuerpo que no es de tiempo completo y carece de soporte técnico permanente.

Paradójicamente fue la administración Samper, recordada por sus contrapunteos frente a EE.UU., la que acogió el modelo estadounidense de acreditación, basado en evaluaciones coordinadas por pares académicos. Entre 1948 y 1952, a raíz de la explosión de programas y el flujo de jóvenes combatientes que regresaban de la II Guerra y el conflicto entre las dos Coreas, de cara a un sistema de educación superior que autónomamente había sabido crecer y traspasar en calidad a Gran Bretaña y Francia, la administración Truman dio nacimiento a la acreditación del propio sector.

Mientras tanto, Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania, Francia y Suiza, líderes en educación superior, siguieron sujetos a acreditación  gubernamental. En Colombia, entre el 45 y 55 por ciento de la fuerza laboral carece de cualquier tipo de educación superior. La demanda viene creciendo aceleradamente y nuestro déficit es y será grande en los años por venir. La reforma propiciada por el presidente Santos y su ministra Campo estuvo sentada en principios sanos. Regular tino fue haber puesto a Brasil como ejemplo, país cuya privatización educativa se refleja en crecimiento de educación terciaria de baja calidad.

Cerca de 3.5 millones de bachilleres no pueden hacer tránsito a la educación superior. Estamos ante una grave inequidad social que obliga a Estado y sociedad civil a dar respuesta rápida. Casos silenciosos como San Martín hay a lo largo y ancho del país. Universidades de garaje y docentes sin preparación estafan la ilusión más querida que puedan tener quienes son futuro del país.

De cara a la gigantesca demanda y una oferta magra a la que se han colado bandidos literales -como el señor Mariano Alvear y sus secuaces- se requiere de inspección y acreditación permanentes.  La Ley 1740 de 2014 ordena la creación de la Superintendencia de Educación. No se trata de pro-estatismo o ansia de burocratismo. Simplemente urge ya un ente pequeño, especializado, altamente profesional que inicie un mecanismo eficiente de revisión y acreditación.

El propio presidente Obama acaba de proponer cambios al sistema de acreditación pro témpore que nos sirvió de ejemplo, de manera que un servicio público esencial tenga supervisión. Ojo: no es afán regulatorio sino tutela a un derecho humano como es la educación.

***

La ministra Gina Parody tiene que mirar ya a otro potencial San Martín. Se trata de la Corporación Universitaria UniSabaneta, en el municipio de Sabaneta (Antioquia). Con ritmo veloz de crecimiento, se ha dedicado a estafar personal altamente calificado, haciendo llegar promesas de enganche a profesores extranjeros de altísima reputación. Surtió un proceso exitoso de acreditación a través de mentiras literales como el establecimiento de sede en Bogotá para impartir programas de alto calado internacional. Se viene declarando insolvente frente a  la atención de contratos suscritos, alegando iliquidez constante. Uno de sus directivos -gestor de las estafas-  tiene una denuncia por violación a una menor. Es hora de que se revise su competencia en la impartición de cursos superiores a la Armada Nacional -preguntando a los oficiales su opinión acerca de la calidad de profesores- y las decenas de contratos firmados con municipios del Valle de Aburrá. Cuantiosas demandas civiles y laborales se radican.  ¡Ojo, MinEducación!