AGH: canalla impunidad

Es  inaudito que la posición del Estado colombiano en círculos internacionales sea hoy que el crimen que acabó con la vida de Álvaro Gómez Hurtado no califica dentro del tipo de delitos de lesa humanidad. Esta es la posición expresada por el Fiscal General de la Nación y el ministro de Justicia.

Los crímenes contra la humanidad, como los define la jurisprudencia de todos los tribunales penales internacionales que han operado hasta hoy (Nuremburgo, Tokio, Antigua Yugoslavia, Cambodia, Sierra Leona y Ruanda) como la de la Corte Penal Internacional así como el Estatuto de Roma, son ofensas que constituyen un ataque serio a la dignidad humana o humillación grave o degradación del ser humano.

No se trata de eventos aislados o esporádicos sino parte de una práctica de  política gubernamental  (aunque los perpetradores no necesitan identificarse explícitamente con esta práctica) o de una práctica extendida de atrocidades toleradas por un gobierno o una autoridad de facto.  Asesinatos, exterminación, tortura, violación carnal, persecución política, racial o religiosa y todo acto inhumano que alcance el umbral de crimen contra la humanidad sólo si ellos son parte de una práctica sostenida y sistemática.

Actos inhumanos aislados de esta naturaleza pueden constituir graves violaciones de derechos humanos, dependiendo de las circunstancias, o crímenes de guerra pero no alcanzan a encuadrarse dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad.

Lo dice una vez más María Isabel Rueda en su columna de El Tiempo, abundan las pruebas y lo sabe el país y la comunidad internacional (incluida ya la misma Corte Penal Internacional): el crimen de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado cometido por una alianza entre criminales tenebrosos (uno de ellos excoronel de la Policía), integrantes del cartel de Cali, muy en particular el señor José Ignacio Londoño Zabala, abogado y político vallecaucano cuya familia tenía vínculos de estrecha amistad con el hoy cabeza de lista del Partido Liberal al Senado, Horacio Serpa.

Han hablado los Rodríguez Orejuela varias veces, incluyendo una carta al expresidente Andrés Pastrana sobre la cual han lanzado la gran mayoría de medios de comunicación un extraño y oprobioso manto de silencio: detrás del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado se encuentra el cartel de Cali. Es un hecho probado. Como María Isabel Rueda, no puedo aceptar la suposición de que el crimen fue ordenado por el presidente Ernesto Samper. Pero prevalece el cordón umbilical de los nexos estrechos de Serpa con miembros del cartel de Cali.

Este cartel fue capaz de influir en  varias elecciones y penetrar todas las estructuras del poder. Hubo práctica multicriminal sistemática y extendida que incluyó asesinato y persecución. Ejerció esta asociación delincuencial como poder de facto en varios niveles de la administración pública. Quien niegue estos hechos, como lo hacen hoy el Fiscal General y el ministro de Justicia, mienten al país, a la comunidad internacional y, al sostenerse en sus dichos, tendrán que hacerlo en su momento a la Corte Penal Internacional.

El cartel de Cali cometió un magnicidio en cabeza de Álvaro Gómez y eliminar así al crítico líder y pertinaz no simplemente de un gobierno. Ante todo de un régimen de complicidades entrecruzadas cuyo combustible se originaba en las utilidades del narcotráfico. Lo dijo varias veces: Samper debe irse y ser sustituido por uno de sus ministros, menos Serpa, a quien tachó entonces de inmoral de marca suprema.

Negar que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado es de lesa humanidad constituye la maniobra final de cómplices que quieren cerrarle el círculo al magnicidio y condenarnos a la canalla impunidad. No vamos a permitirlo.