LA OTRA CARA
Glifosato
SE necesitaron 30 años para confirmar que a Colombia todo llega tarde y que cuando se decide en serio a corregir, ya las prácticas y costumbres son otras y en consecuencia, debe recurrir a técnicas avanzadas y de comprobada eficiencia, que al utilizarlas significarán mayor costo e inversión.
Desde 1985 cuando empezó a utilizarse el glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos en el país, hubo de manera oportuna, reservas y advertencias de distintos sectores del medio ambiente, agricultura y salud respecto a la fumigación. Corridos los primeros años se acentuaron observaciones contrarias a la aspersión, por posibles efectos nocivos en salud y ambiente.
La revista económica de la Universidad de los Andes, retomó el tema en noviembre de 2010, al señalar que en Putumayo y lugares del Orinoco y Amazonas, los campesinos atribuyeron al glifosato el deterioro de cultivos lícitos y alarmantes pérdidas forestales, luego de ser arrasadas en selvas tropicales, cerca de 425 mil hectáreas, y considerables daños en toda la naturaleza.
La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, no descartó algunos efectos nocivos en la población de las zonas fumigadas, sin confirmar alguna evidencia de contaminación de ríos y vertientes. El informe de la Comisión recomendó al país, seguimiento en la periferia de las áreas fumigadas, para detectar posible contacto del químico, con las reservas de agua destinadas para consumo de los habitantes.
Una Misión de Naciones Unidas recogió el testimonio de campesinos en Putumayo, sobre utilización del glifosato contra cultivos de coca, el cual fue divulgado en 1998. Todos culparon al químico de problemas respiratorios, dolencias gastrointestinales, irritación ocular y, lo más grave, confirmación de cáncer entre los habitantes. Se agregaron pérdidas significativas en animales, con certificados veterinarios expedidos en la época. Cifras sin confirmar, divulgadas por organizaciones campesinas, estimaron en el 2000, desplazamiento de 7.200 familias a zonas urbanas de Caquetá, Huila, Cauca y Nariño, al parecer huyendo por temor al glifosato.
Los antecedentes en afecciones a población y medio ambiente, no son los mejores. Cuando se divulgaron, autoridades nacionales argumentaron que eran presiones de narcotráfico y guerrilla, para que no se utilizara. Al igual que ahora, se sostuvo que no tiene secuelas y puede emplearse sin miedo.
Se debe respetar el concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes, para definir si se usa o se cancela. Al mismo tiempo se espera que el Gobierno explique, cómo funciona la importación, sus costos y a quien le compra el glifosato, porque el negocio por detrás despierta apetitos financieros de transnacionales con países latinoamericanos.