Injusta Justicia
Es sorprendente cuán injusta puede ser la justicia colombiana. Ya no es sólo el problema del desequilibrio en las penas impuestas a delitos que a primera vista y por sentido común son de distinta gravedad. Para no ir muy lejos basta recorrer la historia de los hermanos Nule para quienes la pena inicialmente arrancó en 7 años, luego se duplicó a 14 años, y ahora parece que volverá de nuevo a 6 años y 6 meses por confesión de sus delitos. Comparen esto con los 3 años impuestos a quien utilizó un billete falso de 50.000 pesos.
Pero la injusticia no está sólo en las penas. Está también en la manera como la Justicia aborda temas técnicos, que no conoce ni será capaz de hacerlo, y que tampoco entiende. El ejemplo de lo anterior es el infortunado manejo que se le ha dado al caso de Andrés Camargo, exdirector general del IDU. En ese caso la Justicia (posiblemente no tan ciega), asigna una pena a un funcionario por un error técnico que no conoció, no decidió y no le implicó favorecimiento ilícito alguno. Se trata de una pena por un error en el uso de un material de entre más de 1.600 contratos de obra que tenía la entidad. ¿Será físicamente posible que un Director se involucre en esa inmensa cantidad de contratos sin que exista una probabilidad mínima de un error técnico? Pero peor aún, ¿será sensato que alguien tenga que pagar penal y civilmente por errores técnicos cometidos sin su consentimiento?
El drama no termina allí, pues adicionalmente Camargo, hoy liberado de toda culpa en uno de sus procesos, tuvo que sufrir hace algunos años un aseguramiento preventivo por dicho caso. Se pregunta uno ¿era necesaria la medida de aseguramiento y el show mediático que atentó contra su reputación? Ahora un Tribunal lo condena a 5 años por otro proceso del mismo tipo, en el que de nuevo no hay desvío de dineros públicos, no hay favorecimiento ilícito, no hay intereses o provecho alguno, hay requisitos contractuales completos y lo único que se afirma es que hubo un error técnico que nunca se le informó, ni se le consultó al exdirector del IDU.
La realidad de un funcionario que trabajó para el Distrito, sin necesidad económica de hacerlo, por 3 años y que hoy tiene un calvario de 13 años de defensa penal, por un delito que no cometió, desborda la imaginación más malévola, y sacrifica a buenos funcionarios que como éste lograron 2,6 billones en inversión en Bogotá, más de mil obras en la ciudad, y ejemplos de desarrollo (que hace rato no vemos) como nuevas vías y la pavimentación de más de 1.500 kilómetros. El resultado final es, además de la injusticia, el mensaje a todo profesional decente y honesto que no vale la pena meterse a servir eficientemente en el sector público y menos con la injusta forma como la Justicia opera.