Medios y Estado

A  propósito de recientes hechos, en especial los ataques con ácido, ha comenzado un debate -planteado inclusive por el Gobierno- acerca del papel que juegan los medios de comunicación en estos casos.

Ante todo vale la pena insistir en que los medios no hacen cosa distinta de cumplir su función en el seno de la sociedad: informan lo que tienen que informar porque tienen derecho a hacerlo y la ciudadanía tiene derecho a saber lo que está pasado y a recibir información veraz e imparcial, garantizados estos derechos fundamentales en la Constitución Política. Esa información, desde luego, debe ser responsable. La Constitución habla de responsabilidad social, y es lo cierto que el morbo y el sensacionalismo no son propiamente formas loables de comunicación. Por ello, deben ser muy cuidadosos en preservar la seriedad y la exactitud de las informaciones, y el uso razonable y proporcionado de los canales informativos. Pero tampoco podemos caer en la censura, ni en la autocensura. Los medios tienen que seguir informando veraz e imparcialmente, sin llegar al extremo de privar a los ciudadanos del conocimiento acerca de las cosas que pasan, que inclusive los pueden afectar, y de manera grave, como en el caso que comentamos.

Lo que sí pueden hacer los medios es insistir en la mesura y el autocontrol, evitando el sensacionalismo malsano y procurando más bien poner las noticias en su debido contexto y transmitir mensajes positivos al público, contribuyendo a crear conciencia colectiva sobre los valores y principios que imperceptiblemente ha venido perdiendo nuestra sociedad.

Ahora bien, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que actualmente en Colombia son los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión, los encargados de señalar la agenda de los órganos y ramas del poder público, hasta el punto de que, si un tema no es tratado en los medios, no califica como asunto del interés estatal.

Los medios han sido fundamentales como vehículos de denuncia y lucha contra la corrupción, y actúan en ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión. No son los responsables del fenómeno anotado, pues si los funcionarios sólo obran en la medida en que la información mediática se lo  indica, incurren en omisión.

Lo criticable no es que los medios informen. Es su tarea. Lo malo es que el Estado no se ocupe en la suya.