¿Para dónde va Bogotá?

Más allá del pulso político entre el procurador Alejandro Ordóñez y el alcalde Gustavo Petro, la pregunta que debemos hacernos es ¿Para dónde va Bogotá?.  Porque la soberbia con que ambos personajes defienden sus criterios están causando un enorme daño a la capital. Una ciudad, cuya administración con la destitución de su alcalde ha quedado atrapada en una preocupante crisis institucional y en un limbo jurídico impredecible. Las tensiones tienen a la administración paralizada y la suerte del mandato de Petro ha entrado en un debate jurídico que no sabe con acierto cómo y cuando se va a desenredar.

Después de la desastrosa administración del ex alcalde Samuel Moreno y las consecuencias de la estructura mafiosa y corrupta que montó con el cartel de empresarios para saquear el fisco Distrital, se requería de un alcalde con calidad de estadista que pusiera orden en la casa y sacara a la administración del lodo de la corrupción y de la fetidez ética que la habían sumergido los Moreno.

El reto para Petro era grande, tenía la responsabilidad de rescatar a la administración Distrital de las garras de las mafias de los Moreno y de otras agazapadas que históricamente han saqueado la ciudad y direccionar su rumbo. Pero le faltó táctica y acierto en su estrategia para limpiar la administración de las lacras del “carrusel de la contratación” y de otros carteles de saqueadores que han desagrado a Bogotá.

Petro, en su estrategia de combatir la corrupción, trató de impulsar una lucha de clases entre ricos y pobres para sacar del pastel a ciertos círculos del poder económico bogotano que llevan décadas controlando oscuros negocios en el Distrito y allí se equivocó, no supo afinar sus políticas.

Subestimó el poder de las estructuras de las mafias al interior del Distrito y sus estrategias de defensa de sus intereses, igual que el complot de los empresarios de las basuras de generar el caos para sacarlo del cargo. Los mismos que han utilizado sus nexos económicos y políticos con influyentes periodistas para ensombrecer su administración.

Su Plan de Desarrollo no lo ha podido implementar  porque la oposición no sólo la ha tenido en el Concejo Distrital, sino en los más influyentes círculos económicos, políticos y sociales de la ciudad. Su administración ha tenido graves errores que se han reflejado en una constante ingobernabilidad, hasta el punto que del presupuesto del 2013 se quedaron sin ejecutar $ 5.4 billones, equivalente a más del 30% del presupuesto.

El procurador Ordóñez no investigó el complot que armaron los concejales de la oposición y los empresarios de las basuras. Por el contrario se amparo en él para destituirlo.

Ordóñez, con su fallo, no buscó enderezar el rumbo de Bogotá, sino ahondar la crisis. Sabía que no tiene mismo impacto destituir el alcalde de Zipaquirá que al alcalde de la capital del país. Por lo tanto, la parálisis que vive Bogotá no es sólo responsabilidad de Petro, sino también del procurador, el uribismo y el partido conservador. Ellos le apostaron al crear el caos, porque lo que está en juego es el control de un presupuesto de $ 14.7 billones.  Ellos sabían que Petro es diestro en arengar masas y que además de su defensa jurídica, saldría a defenderse en la plaza pública; la ciudad se paralizaría y la administración entraría en un limbo.

Ordóñez y sus aliados sabían que su decisión sumergía a Bogotá en un despelote, un tema que la opinión pública tiene que comenzar a evaluar. 

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