Cárcel es lo mínimo

La Corte Constitucional pronunció su fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz, y expresa que: “El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

A pesar de que los defensores de la medida argumentan que ese perdón es un paso necesario para lograr la paz, el fallo de la Corte hace que el Estado colombiano marque unos límites para que, en el futuro, todo aquel que quiera atentar contra la seguridad nacional y contra la sociedad sepa de antemano que sus actos tienen consecuencias ineludibles.

Entiendo los argumentos de aquellos que creen que para lograr la paz hay que omitir la cárcel como parte del perdón. Sin embargo, no comparto su posición porque, desde mi opinión, los que se desmovilizan no le están haciendo un favor al país. La pregunta es simple ¿por qué debe ser la sociedad civil la que pague con el perdón y con beneficios a quienes se han encargado de castigarla sistemáticamente? Abandonar las armas no es una opción, es un deber de todos aquellos que hoy asesinan colombianos en favor del narcotráfico.

¿Cuál es entonces el precio que pagan por sus actos personas como los integrantes del Secretariado de las Farc, exponentes de una frialdad y una crueldad sin límites? La paz es una conciliación bilateral en la que todos deben sacrificar un poco, y pasando del monte al Congreso Timochenko y sus secuaces no estarían pagando nada. Por el contrario, aceptar que se produzca dicha amnistía “legal” sería abrir las puertas para que en el futuro cualquier narcotraficante, como lo son hoy los miembros de las Farc, se disfrace de insurgente, limpie su condena y de paso reciba trato de ciudadano ilustre. Es cierto que el rencor y el castigo son malos consejeros, pero hay momentos en los que imponer orden y tener mano firme es necesario para labrar un futuro más seguro. Y ese es el momento por el que atraviesa Colombia hoy. No se trata de prolongar una guerra sin fin, se trata de poner orden en la casa. ¿Se imagina usted, por ejemplo, aceptando que un apartamentero cualquiera  solicitara, como parte de su arrepentimiento, ser integrante activo del consejo de administración de su edificio?

Qué pensarían los defensores de esa solución, si mañana los paramilitares pasan de una celda al Congreso con el propósito de trabajar por el  proyecto de país que en su momento “defendieron”.

Aclaro que, si me pregunta, narco-paras o narco-guerrilleros, deben pasar por la cárcel antes de pasar por el Congreso.

@barrerajavier