La esclavitud contemporánea

“Bajo modalidad del servicio doméstico se violan derechos”

No fue sorpresa para los colombianos  la divulgación del escalofriante caso develado por una dama, sobre la menor que incorporaron a su casa paterna, a muy temprana edad, sólo cinco años mayor que ella, traída del campo por su padre, a la que llamaban “Amalia” (nombre protegido),  que vincularon a los trabajos domésticos y de paso, la  trataron como a una esclava, siendo humillada, maltratada y abusada sexualmente, por su propio padre.

Muy a pesar de que en Colombia se abolió  la esclavitud desde el siglo antepasado, con precursores en su contra, como el mismo Simón Bolívar y José Hilario López, la realidad es que bajo el pretexto del servicio doméstico, de una manera más disimulada,  a muchas mujeres se les trata como a esclavas.   Se les consigue en el campo,  en hogares muy indigentes o de solo la madre, que desesperada por su pobreza y por no tener recursos para atender a sus hijos, no ve más alternativa que entregar  a sus niñas a una familia  acomodada, buscando un mejor futuro para ellas.  Seguramente, muchas de esas familias actúan con responsabilidad social y educan la niña y contribuyen  a su formación.   Pero muchas otras hacen todo lo contrario, como lo que sucedió a  “Amalia”.    Casos como este se repiten por doquier.

La Constitución Nacional  en su artículo 17 prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.  Será difícil encontrar un esclavo como en los tiempos de la colonia,  pero la maléfica institución hoy reaparece con ropajes diferentes.  Amalia es una de esas esclavas contemporáneas.   Tener una persona sometida, por no haberle dado educación, trabajando en los servicios domésticos, sin remuneración, lejos del convencimiento de muchos que creen estar haciendo una caridad o un favor, lo que están en verdad realizando en una manera de esclavitud,  que además puede configurar la comisión de un hecho delictuoso y de todas formas un acto ilícito que genera responsabilidad y obligación de reparación, como  lo ha establecido la Corte Constitucional en reciente jurisprudencia.

Los jueces están llamados a  garantizar estos elementales derechos humanos y lejos de amparase en prescripciones o caducidades, deben ante todo  tutelar los derechos de estas personas.   Casos como el de Amalia lamentablemente se presentarán a diario y en todas partes.